Las nuevas leyes que está preparando el Gobierno central supondrían «el final de la caza tal y como la entendemos», denuncian a través de una nota de prensa desde la Asociación de Rehalas Regionales ARRECAL. Así se desprende del informe elaborado por la misma entidad sobre los anteproyectos de las leyes de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales y de Modificación del Código Penal.
Según explica el documento-resumen de estos textos normativos, «de aprobarse, tanto las sanciones administrativas como penales, harían inviable la relación actual con los animales». Cualquier cazador se vería sometido a una enorme inseguridad jurídica y a la posibilidad de ser imputado por un delito de maltrato animal o de ser sancionado. Así, «se establecen un enorme número de prohibiciones y obligaciones sin precedentes, con sus correspondientes infracciones y sanciones de hasta 200.000 euros».
Un ejemplo claro es el caso de los cortes de orejas y rabos a perros de caza, una práctica que no se consideraba un delito y que incluso se venía practicando por razones de medicina veterinaria. Ahora, «con sanciones de un mínimo de hasta 50.000 € y la posibilidad de que puedan ser consideradas delito con la reforma del Código Penal que se propone, es difícil que esta cirugía veterinaria pueda seguir realizándose».
Todos los perros de caza, esterilizados
Además, si se aprueban estas normas en sus actuales términos todos los perros de caza deberán estar esterilizados. Desde ARRECAL señalan que «a nivel veterinario la esterilización obligatoria atenta contra una de las cinco libertades reconocidas como garantía del bienestar animal, que es la posibilidad de expresar el comportamiento propio de la especie: la reproducción». Por eso junto a la variabilidad clínica individual «la castración nunca deberá ser planteada de manera sistemática y rutinaria».
Asimismo, los propietarios de perros «deberán realizar un curso de formación para la tenencia del mismo cuyo contenido determinará el Reglamento que desarrollará la norma». Ante la alarma social y presión generada se han introducido excepciones, si bien sigue siendo desproporcionado.
El mantenimiento de las rehalas será inviable
Otro aspecto que cambiará es el del intercambio, transmisión o regalo de perros entre particulares. Con esta norma, la cría y comercio de animales de compañía, sólo podrá llevarse a cabo por criadores inscritos en el Registro de la Dirección General de Derechos de los animales. «Ello supone hacer inviable el mantenimiento de las rehalas», apunta el informe de ARRECAL.
Un aspecto llamativo es que el Anteproyecto de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales «tiene nada menos que cuatro páginas de ‘definiciones’ nuevas», algunas tan variopintas y estrafalarias como «animal identificado», «muerte asistida» (a un gato), «gato merodeador» o «gestión ética de colonias felinas». «Todas estas definiciones de nuevo cuño, ajenas a la realidad social y producto de las ensoñaciones del director general de los Derechos de los Animales, contribuyen a enrevesar el ordenamiento jurídico», advierten.
Normas que no prohíben la caza pero que imposibilitarán su práctica
Otro polémico apartado de la norma es el que señala que ningún perro podrá realizar tareas en actividades profesionales hasta haber cumplido los dieciocho meses de edad; y que la edad de retiro será determinada por un profesional veterinario, teniendo en cuenta las capacidades físicas y psicológicas del perro. «La caza es uno de los instintos primarios de todos los perros, y limitar la edad para inicio y finalización de la práctica cinegética de nuestros canes atenta de nuevo contra cuestiones básicas del bienestar: el comportamiento natural», apunta la asociación rehalera.
Como conclusión, los servicios jurídicos y veterinarios de ARRECAL señalan que aunque no hay una prohibición expresa de la caza «mediante estas normas se aboca a la imposibilidad de practicarla y a la inviabilidad de la tenencia y uso de perros de caza».
