En el año 2019, el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro en Brasil modificó diversos decretos y una ley para flexibilizar el acceso a las armas, anulando algunos puntos vigentes del Estatuto del Desarmamento (2003). De esta forma ponía fin a una política de restricción de las armas a los usuarios civiles legales. Muchos medios de comunicación vieron en este gesto una amenaza social, y denunciaron el peligro que esto supondría para los ciudadanos brasileños. Pero lejos de incrementarse los delitos armados, los resultados de las estadísticas oficiales señalan que el número de delitos se ha reducido drásticamente en el país.
Esta liberación de armas para usuarios civiles y nuevas políticas de seguridad ha provocado ese descenso generalizado del delito, como así se desprende en los datos del portal del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública del país, que ha dado a conocer las primeras estadísticas oficiales del crimen correspondientes al periodo de enero a noviembre del 2019.
Sobre éstas se observan las primeras consecuencias de la política de mano dura contra el delito y el rearme ciudadano. La nueva Ley de Armas Brasileña entró en vigor el pasado 8 de mayo del 2019 vía decreto, cumpliendo así una de sus principales promesas electorales. En contra de los habituales augurios alarmistas, los resultados arrojan un descenso del número de delitos: los homicidios dolosos y robos con muerte se han reducido más de un 20%, mientras que los atracos a entidades financieras han disminuido un 41,5 %.
Las armas como medida disuasoria con los delincuentes
La Asociación Nacional del Arma de nuestro país, ANARMA, se ha congratulado públicamente de estos datos: «Una de las razones de este descenso es la gran cantidad de ciudadanos honrados que se han armado y que además de ser ahora la primera respuesta ante la criminalidad, constituyen una importante barrera disuasoria frente a los delincuentes», destaca en su página web.
Hasta la llegada de la nueva ley de armas, el número de nuevos usuarios legales tenía un crecimiento anual más o menos sostenido de 6.000 usuarios, pero es en 2017 y sobre todo 2018 cuando este crecimiento se disparó haciendo crecer la cifra hasta los actuales 409.689 usuarios de armas legales para una población de 210,14 millones de habitantes (agosto 2021). Una cifra muy por debajo del millón de usuarios legales que se calcula que hay en nuestro país, en el que contamos con una población de 46,94 millones.
