La Junta de Extremadura ha tomado una decisión controvertida al autorizar a la empresa TRAGSA para llevar a cabo el control de la población de ciervos y jabalíes en el Parque Nacional de Monfragüe. Esta medida, que tendrá un coste de 347.305 euros, ha sido justificada por la necesidad de reducir la propagación de la tuberculosis, cuya tasa se ha triplicado desde que se prohibió la caza en 2020. Ahora, la Asociación de Profesionales de la Caza de Extremadura (APROCEX) ha salido al paso y ha manifestado su rechazo absoluto a esta decisión.
El encargo a TRAGSA incluye diversas labores, como el mantenimiento de infraestructuras, el sacrificio de ejemplares, la toma de muestras y la gestión de cadáveres de ungulados silvestres. Estas acciones se han justificado como necesarias para controlar la población de ciervos y jabalíes y reducir así la propagación de la tuberculosis, pero en APROCEX no están de acuerdo.
Prohibir la caza no es la solución
La Asociación de Profesionales de la Caza de Extremadura ha expresado su absoluto rechazo a esta medida en una nota de prensa, argumentando que la prohibición de la caza ha demostrado ser ineficaz para el control poblacional y ha ocasionado graves perjuicios tanto en los acotados privados que lindan con el Parque Nacional como en el mismo ecosistema de Monfragüe. Según APROCEX, la prohibición de la caza ha afectado negativamente al equilibrio del ecosistema.
«La administración regional da la espalda a la industria cinegética extremeña aprobando una medida que sólo provocará una masacre con la utilización de jaulas y cercones-capturaderos», afirma Pedro Pérez, presidente de APROCEX.
El Parque Nacional de Monfragüe triplica la tasa de tuberculosis tras prohibir la caza en 2020
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha sido criticada por APROCEX por su falta de compromiso con el sector cinegético. Durante la última Feria Cinegética Extremeña (FECIEX), Guardiola anunció que «la actividad cinegética en Monfragüe sólo se permitirá para controlar la población, y nunca responderá a intereses privados ni fines lucrativos». Sin embargo, la contratación de TRAGSA para llevar a cabo el control de la población de ciervos y jabalíes ha sido vista por la asociación como «una contradicción» con las declaraciones de la presidenta.
APROCEX ha demandado a la Junta de Extremadura que reconsidere su posición ante una medida que, según ellos, sólo perjudicará al colectivo cinegético extremeño y al Parque Nacional de Monfragüe.
La caza generaba ingresos en Monfragüe y ahora se gastarán 350.000 euros
La situación en Monfragüe es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchas áreas protegidas en España. La prohibición de la caza en Parques Nacionales ha llevado a un aumento de la población de ungulados y, en consecuencia, a un incremento de la propagación de enfermedades como la tuberculosis. La contratación de empresas para llevar a cabo el control de la población de ungulados es una medida costosa que ha generado controversia y ha sido criticada por diversos sectores, más cuando antes los cazadores pagaban por controlar las poblaciones de especies cinegéticas.
En resumen, la decisión de la Junta de Extremadura de autorizar a TRAGSA para controlar la población de ciervos y jabalíes en Monfragüe ha generado un intenso debate. Mientras que las autoridades justifican la medida por la necesidad de reducir la propagación de la tuberculosis, APROCEX y otros sectores critican la decisión y demandan una reconsideración de la prohibición de la caza como una solución más efectiva y menos costosa.
