La Marea Naranja, un colectivo cinegético anónimo surgido tras la masiva manifestación del 20M, lanzó un vídeo el pasado domingo en el que denunciaba algo sobre lo que este medio ya ha informado en diferentes ocasiones: la Ley de Bienestar Animal plantea la creación de una serie de chiringuitos institucionales cuyo resultado será financiar con dinero público el lobby animalista.
De hecho, tras la publicación de ese vídeo viral el colectivo anticaza ha reaccionado con virulencia, poniendo en marcha diferentes acciones en redes sociales, movilizando a medios afines como el diario Público y financiando un autobús que muestra la imagen de Pedro Sánchez junto a un galgo ahorcado para presionar al PSOE a que saque adelante la ley ideada por Unidas Podemos sin ningún tipo de recorte.
Según una nota de prensa difundida por Anima Naturalis «las entidades de protección animal están organizando en tiempo récord» esta campaña a favor de la ley. La urgencia de sus acciones se debe a que lo que está en juego no es solo la votación de la enmienda, si no la ley en sí misma, puesto que PP, VOX y PNV han presentado enmiendas a la totalidad del texto y piden que se realice un nuevo texto teniendo en cuenta a todas las partes implicadas y la voz de los científicos, que también están en contra de ella. Además, el propio impulsor de la norma, el director general de Derechos de los Animales Sergio García Torres, se comprometió a tumbar la ley y dimitir si se aprobaba una enmienda como la presentada por el PSOE.
La última de esas acciones ha sido organizar una concentración frente al Congreso de los Diputados para «exigir al PSOE que retire esa enmienda anunciada por su portavoz, Patxi López, durante la tramitación en el Parlamento del proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales». Pero ¿quién y por qué tiene tanto interés en sacar adelante la Ley de Bienestar Animal sin contar con el resto de la sociedad?
Matilde Cubillo, portavoz y beneficiaria de contratos públicos por más de tres millones de euros
La protesta del Congreso de los Diputados cuenta con Matilde Cubillo García como portavoz, según la nota enviada a los medios. Ella es la que encabeza la marcha y atiende a los medios. No es casualidad, se trata de una de las personas con mayor peso en el lobby animalista y presidente de una de las entidads que más dinero público ha recibido por parte de las administraciones públicas a lo largo de los últimos años: FAPAM (Federación de Asociaciones de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid). De hecho, lleva financiándose de las arcas públicas desde mucho antes que el Gobierno aprobase las subvenciones por valor de cinco millones de euros con las que ha regado al lobby animalista durante los dos últimos años.
Es el caso de este contrato firmado en 2014 y prorrogado hasta la actualidad del que es beneficiaria en representación de FAPAM. El trabajo a realizar era la «gestión del centro integral de acogida de animales de la Comunidad de Madrid, sito en Colmenar Viejo». Una labor que, de aprobarse la Ley de Bienestar Animal, será obligatorio realizar en todos los municipios de más de 5.000 habitantes con cargo a las arcas públicas: toda una oportunidad de negocio para el lobby animalista.
En total, según los datos publicados por la Comunidad de Madrid, los Comunidad de Madrid le ha pagado 2.736.911 euros, y el contrato sigue vigente hasta 2023. A todo esto hay que sumar lo ingresado por la gestión del Centro Integral Municipal de Protección Animal (CIMPA) de Alcalá de Henares, que cuenta con un presupuesto anual de 373.741,06 euros. En total, más de tres millones de euros en contratos públicos. Un buen negocio que se disparará si la Ley de Bienestar Animal sale adelante.
¿Quién forma parte de FAPAM?
FAPAM está integrado por 16 asociaciones animalistas que hoy se concentran en el Congreso de los Diputados. Muchas de ellas reciben otro tipo de subvenciones públicas, como se puede comprobar en el BOE y como llevan denunciando desde hace meses páginas como Lo que los animalistas esconden en redes sociales desde hace años. Sin duda toda una forma de financiación por la que merece la pena movilizarse.
