La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía ha aprobado este 27 de marzo el Decreto-ley 2/2026, una norma que supone un cambio relevante para la caza social andaluza al reducir cargas administrativas y facilitar la gestión de los cotos. El texto ha salido adelante con el respaldo de PP, PSOE y VOX, mientras que Por Andalucía y Adelante Andalucía han votado en contra.
El debate, seguido de cerca por representantes del sector como el vicepresidente de la Federación Andaluza de Caza, Adelardo Villafranca, y el director técnico José Antonio López, refleja la importancia de una reforma largamente demandada por los cazadores. Uno de los aspectos más destacados del decreto es la simplificación de los procedimientos administrativos, una reivindicación histórica de las sociedades de cazadores que venían denunciando retrasos y obstáculos en la gestión de sus acotados. Además, la norma introduce medidas que pretenden dotar de mayor estabilidad jurídica al sector, facilitando su actividad y adaptándola a las necesidades actuales del medio rural andaluz.
Menos trámites y más agilidad para las sociedades de cazadores
El decreto permite ahora que las sociedades federadas puedan participar en la licitación de montes públicos conforme a la legislación patrimonial, lo que agiliza los procesos y evita demoras en la adjudicación de terrenos. También se descentraliza la aprobación de los planes técnicos de caza integrados, que pasarán a ser gestionados por las Delegaciones Territoriales o Provinciales. Esta medida reducirá notablemente los tiempos de tramitación.
Otra novedad relevante es la eliminación de las limitaciones de superficie mínima para los cotos deportivos, lo que abre la puerta a una mayor flexibilidad en la gestión de estos espacios. En este sentido, Villafranca ha valorado el avance asegurando: «Hemos dado un paso histórico para la caza social en Andalucía. Tras años de trabajo, los procedimientos se agilizan y se consiguen nuevos logros para la caza social andaluza».
Nuevas medidas que afectan directamente al ejercicio cinegético
El texto aprobado incluye también cambios prácticos en el desarrollo de la actividad. Entre ellos, autoriza el uso de hasta seis perros en la caza en mano a diente y permite el empleo de visores en determinadas condiciones, siempre dentro del marco legal vigente. Asimismo, se elimina la tarjeta acreditativa del cazador, una medida que reduce burocracia innecesaria, y se habilita la expedición de licencias temporales para cazadores de otras comunidades o países que quieran practicar la actividad bajo tutela.
Otro cambio significativo es que se podrá cazar en un coto sin autorización escrita del titular siempre que el cazador esté acompañado por este o por su representante legal, lo que simplifica la operativa en el terreno.
La licencia interautonómica gana peso
El decreto también impulsa la licencia interautonómica, que permitirá cazar en varias comunidades con un único permiso. Este documento tendrá un coste de 70 euros y una validez de un año. Será válido en territorios como Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura o Galicia, entre otros, y permitirá practicar todas las modalidades autorizadas, incluida la rehala.
Con esta medida se busca una mayor homogeneización normativa entre regiones, evitando duplicidades y facilitando la movilidad de los cazadores dentro del territorio nacional.
