El pasado 26 de marzo de 2021, la Asociación Firearms United Network (FUN), cofundada por la Asociación Nacional del Arma -ANARMA-, presentó una denuncia ante el Tribunal General de la Unión Europea (TJUE), contra el Reglamento del Plomo en Humedales.
La denuncia fue admitida y registrada con el número de referencia T-187/21 el pasado 9 de abril y la notificación de este hecho fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea C 217 de 7 de junio de 2021 (2021 / C 217/68). Tras este anuncio, ANARMA se movilizó en varios países para lograr la adhesión e intervención de otras organizaciones y particulares en su demanda contra la Comisión Europea (CE), algo que en España hicieron las Organizaciones Españolas de Caza (OEC) y algunos particulares. «La intervención es una manera formal de participar en un procedimiento en curso; las condiciones de intervención se describen en el capítulo 14 (artículos 142 a 145) del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de 4 de marzo de 2015 (DO 2015, L 105, p. 1)», indican desde la asociación. «En principio resultaba tan sencillo cómo enviar una carta postal al propio tribunal», añade ANARMA.
Esta iniciativa «tuvo diferente repercusión entre las organizaciones que formamos FUN. En el caso del capítulo polaco de FUN fueron miles los ciudadanos que mandaron cartas de adhesión a nuestro procedimiento, en otros, se priorizó la adhesión de organizaciones», detallan.
Pero «lamentablemente», a mediados de agosto, el TJUE rechazó masivamente la inclusión de intervinientes en el procedimiento, alegando que cada uno de ellos debería hacerlo con un abogado, algo que recurrieron sin resultado, ya que iba en contra del Art. 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y art. 6 segundo. 1 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
La Comisión Europea solicitó el archivo de la causa
Por otra parte, al poco de ser admitida nuestra demanda, la CE presentó un escrito de 500 páginas redactado en un tiempo récord, gracias a su legión de abogados, en el que se solicitaba el rechazo y archivo de la causa. Para ello se esgrimían dos argumentos fundamentales «a cada cual más peregrino: Que no éramos parte afectada y que utilizábamos estudios sesgados como argumentación».
«En el primer caso decía que somos usuarios fundamentalmente de rifles y no de escopetas, que el costo de adaptar una escopeta para disparar munición de plomo es solo de 70 € (desconocemos de qué peritaje saca tal afirmación) y que el bien común está por encima de la propiedad privada, esto último una consideración más propia de funcionarios de la extinta Unión Soviética que de una presunta democracia», sigue detallando ANARMA.
Concretamente dijeron: «Aunque es un principio fundamental de la normativa europea, el derecho a la propiedad no es una prerrogativa absoluta, sino que debe considerarse en relación con su función en la sociedad. Es posible introducir restricciones al ejercicio del derecho a la propiedad en condiciones que respondan al interés común perseguido por la Unión y no constituyan una intervención desproporcionada e intrínsecamente inaceptable con respecto a garantizar los derechos».
En su segundo gran argumento, aducía que algunos de los estudios eran de parte, en concreto se referían al estudio de la asociación hermana checa LEX. «Igual es que prefieren que utilicemos sus estudios falsos, como recientemente se ha demostrado en un contra estudio presentado por la Federación Sectorial Armera (FSA), refiriéndose al presentado por la CE para prohibir el plomo en cualquier tipo de terreno», denuncian desde ANARMA.
Además del informe de LEX, «hemos incluido en la demanda el que elaboraron las Universidades de Murcia y Valencia con el patrocinio de FSA. La FSA nos lo ha cedido amablemente para que podamos defender con mayor contundencia a todos los cazadores y propietarios de armas europeos. También, nuestros abogados y peritos polacos están estudiando el contrainforme presentado por esta organización, para que sirva de ayuda en el contencioso», prosiguen explicando.
Solicitaron medidas cautelares para detener la prohibición del plomo
El archivo solicitado por la CE fue desestimado y tras la admisión formal de su demanda, solicitaron medidas cautelares el pasado 21 de junio, para que se detuviese la implantación de la prohibición hasta que el tribunal se pronunciase, así como en los tribunales españoles se suelen incluir simultáneamente a la hora de presentar la demanda, en el TJUE el funcionamiento es ligeramente distinto, se solicitan tras la admisión.
Además, «se produjo un importante terremoto entre algunos países de la UE, que consideraban inaceptable que una organización de usuarios de armas se rebelase contra la maquinaria funcionarial de la CE. No tanto porque se tratase de armas, que también, sino porque abríamos un peligroso camino contra la agenda liberticida de la CE. Esto motivo un hecho inaudito el pasado 12 de julio, Alemania decidía personarse como coadyuvante de la CE en el proceso», añaden desde la asociación.
Una decisión que también tomarían posteriormente el Gobierno francés y la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) a principios de agosto. La ECHA, «un organismo satélite de la Unión Europea (UE), que está siendo utilizado para imponer una prohibición de armas encubierta sin necesidad de pasar por el Parlamento Europeo. Todavía está reciente la acción intensa de lobby ciudadano que, ANARMA y sus socios europeos agrupados en FUN, practicamos en Bruselas, con motivo de la Directiva de Armas y que tantos dolores de cabeza causó a la CE».
Está intervención de países como Alemania y Francia en el proceso «es muy significativa». Por una parte, «denota preocupación o miedo y por otra desautoriza a la CE. Está claro que con su presencia como coadyuvantes pretenden presionar al Tribunal y asignar más recursos contra nuestra demanda. Resulta penoso pensar que, a través de nuestros impuestos, estemos pagando a unos liberticidas para que nos quiten nuestras armas y nuestras tradiciones más arraigadas como es la caza».
Consideran el caso «no urgente»
La última actualización sobre el proceso se produjo el 17 de septiembre, cuando el Presidente del TJUE, Marc van der Woude, rechazó las medidas cautelares, no el presidente de la sala que juzga este caso. «Nuestra demanda se dirime en una sala de tres jueces, el TJUE está organizado en salas de cinco y tres jueces», detalla ANARMA.
El Presidente del TJUE argumenta que todos los actos de la CE/UE se presumen lícitos hasta que se demuestre lo contrario, «que no estamos afectados y que tampoco está demostrado que afecte a terceros, además de considerarlo no urgente. Esta decisión se tomó sin escuchar a las partes y ha sido recurrida por nosotros. La verdad es que estas formas, que solo podemos de calificar de autoritarias, nos preocupan extraordinariamente. Aun así, con todo, vamos a luchar hasta el último aliento para derogar un reglamento absolutamente liberticida y que ataca derechos fundamentales», denuncian.
Finalmente recuerdan desde ANARMA que en este litigio contra la CE «estamos solos y que nuestros medios son limitados. Somos una asociación sin ánimo de lucro que reniega de subvenciones públicas y cuyos cargos directivos no son remunerados, pero necesitamos fondos para llevar a los tribunales más legislaciones que consideramos injustas. La forma más sencilla de colaborar con nuestras iniciativas es afiliándoos a ANARMA o FIREARMS UNITED», concluyen.
