Prohibir la caza en los Parques Naturales de nuestro país podría costar 320 millones de euros a los españoles en plena crisis del coronavirus. Esa cantidad solo se refiere a las indemnizaciones que las arcas públicas deberían abonar a los propietarios, y fue la estimación que el Partido Popular calculó en 2018 cuando se debatió la cuestión en el senado.
A ella habría que sumar los gastos de control poblacional de las especies cinegéticas, que sería muy elevado, tal y como advierten expertos como el Dr. Christian Gortázar, que hace unas semanas aseguró en Jara y Sedal: «No creo que tras COVID-19 haya recursos públicos para sustituir la caza en parques nacionales por controles poblacionales».
Si el Gobierno no da marcha atrás, el próximo 5 de diciembre entrará en vigor la Ley 30/2014 de Parques Nacionales, que prohíbe actividades como la cinegética en estos lugares. Además de la caza, quedará prohibida la pesca en estos lugares.
Un duro golpe a la economía de la España vacía
Sin duda, los que más sufrirán este impacto son los habitantes de la España vaciada, unos ciudadanos que según datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), sufren más la exclusión social. Mientras que en los pueblos esta delicada situación afecta al 26,1% de la población, en las ciudades la tasa es de 19,9%, un 6,2% menor. Estas cifras se desprenden del último informe anual denominado tasa AROPE, que ofrece a la sociedad española una evaluación minuciosa del grado de cumplimiento del objetivo de inclusión social especificado en la Estrategia Europa 2020 en España.
Y es que la caza, según apunta la Fundación Artemisan junto a la consultora Deloitte, aporta 6.475 millones de euros al PIB de España y supone el mantenimiento de más de 189.000 empleos.
Los casos de Monfragüe o Cabañeros
La Fundación Artemisan ha hecho una valoración de los impactos negativos que supondría esta medida de prohibición de caza en Parques Nacionales sobre la economía de las zonas. Por ejemplo, el Parque Nacional de Monfragüe, en Cáceres, ha perdido un 2% de su población en los últimos años mientras que el paro no ha parado de crecer de manera exponencial, llegando a aumentar más de un 80%, tal y como muestra un estudio llevado a cabo en colaboración con la Universidad de Extremadura y la Federación Extremeña de Caza. La caza dinamiza la economía de estos lugares porque da empleo.
Misma situación es la del Parque Nacional de Cabañeros, en la provincia de Ciudad Real, que ha tenido un 40% de pérdida de población estos años, según un informe elaborado por la Fundación en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha.
Más ejemplos: la reserva de caza de Las Batuecas deja 235.000 euros a los pueblos
Durante la temporada de caza 2018-2019, los municipios integrados en la Reserva de Caza de Las Batuecas, en Castilla y León, ingresaron un total de 234.485 euros, de los que 57.459 se destinan a las mejoras, el mantenimiento y la gestión de los montes y el resto son ingresos para los Ayuntamientos.
En la temporada 2018-2019 se adjudicaron 226 permisos, 169 de caza a rececho, 48 de monterías y 9 de caza menor. La cabra montés supuso el 75% de los ingresos por especie, mientras que el jabalí supone el 16%, el corzo, el 9% y el resto, la becada.
Europa sí avala la caza en Parques Nacionales
La Comisión Europea considera que «la caza sostenible puede ser una herramienta para ayudar a lograr los objetivos de conservación de la Red Natura 2000» y, más concretamente, del Parque Nacional de Monfragüe. Así lo puso de manifiesto en 2017 Karmenu Vella, Comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, en una respuesta oficial, en nombre de la Comisión, tras una consulta formal realizada por la Oficina Nacional de la Caza, la Conservación y el Desarrollo Rural (ONC) en torno a la actividad cinegética en Monfragüe.
