El Tribunal Supremo de Reino Unido ha prohibido a varios animalistas entrar a fincas cercanas a Peterboroughpor, cerca de Londres, donde sabotearon cacerías de zorros.
12/12/2018 | Redacción JyS
Un juez del Tribunal Supremo de Reino Unido ha prohibido cautelaramente a varios animalistas la entrada ilegal a una finca en Peterborough –ciudad situada a 118 kilómetros al norte de Londres- por boicotear cacerías de zorros, tal y como ha publicado el diario Peterboroughpor Today.
Los dueños de la finca, a la que los radicales habían accedido sin permiso y para sabotear la jornada de caza, iniciaron las acciones legales para evitar más intentos de los saboteadores. A finales del pasado mes de noviembre, el juez Freedman emitió el fallo tras una vista en el Tribunal Superior de Justicia de Londres. La denuncia acusaba a los animalistas de allanamiento, además de intimidación y acoso. Los acusados han interpuesto alegatos a la decisión del juez, que ya ha dicho, tras imponerle las medidas cautelares, que sus quejas serán tratadas en juicio.
La prohibición permanecerá a menos que los propietarios traspasasen los derechos de la finca y que, dentro de ese hipotético caso, se redujese el riesgo de perturbaciones, lesiones o daños.
Otros ataques de anticazas con mal final
En el propio Reino Unido, destaca el célebre caso de una anticaza que fue condenada por agredir a tres cazadores. Perdió su trabajo como encargada de una guardería y fue condenada a pagar una multa de 550 euros y a 80 horas de servicios comunitarios después de ser juzgada por tres agresiones. Otra muestra más desagradable es la de la animalista que recibió un disparo cuando intentaba boicotear una cacería.
Son frecuentes las medidas de los jueces no solamente en Reino Unido sino en el resto del mundo contra animalistas por el sabotaje de cacerías. En Francia, por ejemplo, la pasada temporada el grupo autodenominado AVA boicoteó diferentes cacerías en Francia. Gracias a la colaboración de los cazadores identificaron a los responsables de los sabotajes. Ahora, la Oficina Nacional de los Bosques los ha denunciado y les reclaman 63.000 euros por obstaculizar el derecho a cazar.
