La Dirección General de Derechos de los Animales dio a conocer el pasado 6 de octubre su anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales. La presentación de sus líneas maestras se realizó en un acto al que solo fueron invitadas las protectoras animales, a pesar de que, la norma afectará a sectores mucho más numerosos e importantes a nivel socioeconómico como el de la caza. Tal y como confirmó a Jara y Sedal Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza, la entidad de representación de los cazadores no pudo acudir al encuentro porque no se lo permitieron al no ser una entidad de protección animal.
En realidad, el borrador de anteproyecto no era más que el mayor ataque a la caza jamás planteado en España. Por este motivo, ni el sector cinegético ni el mundo rural participaron en su elaboración, contrariamente a lo que se ha afirmado desde el Gobierno.
La realidad es que a día de hoy, casi dos meses después, el texto aún no ha iniciado su proceso de tramitación. Coincidiendo con el anuncio de una gran manifestación del mundo rural el próximo 20M, fuentes del PSOE han realizado unas filtraciones a El Confidencial en las que aseguran que el PSOE está frenando este texto desde el Ministerio de Agricultura tras recibir presiones de varones socialistas de importantes comunidades como Extremadura o Castilla-La Mancha. De acuerdo con esta información, la publicación de la Ley de Protección y Derechos de los Animales podría retrasarse varios meses. La cuestión, además, habría supuesto un nuevo encontronazo entre los dos socios de Gobierno.
En todo caso, la salida adelante del texto será cuestión de tiempo. No hay que olvidar que el desarrollo de esta normativa estaba recogido en el acuerdo de Gobierno que ambos partidos firmaron hace unos meses.
Cazadores, biólogos, ecologistas… todos en contra de la medida
Afirmar que solo los cazadores están en contra de esta ley es faltar a la verdad. El rechazo de la sociedad al Anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales presentado por el Gobierno no solo ha generado malestar entre los propietarios de mascotas o las tiendas de animales. También ha sido rechazado por la comunidad científica, el sector deportivo o el mundo rural en general, sino también en el ámbito del propio sector industrial de los animales de compañía.
