Esta legislación será puesta en marcha por el Parlamento polaco con el objetivo de facilitar la actividad cinegética libre para, entre otros objetivos, frenar la propagación de la peste porcina africana.  

2/1/2020 | Redacción JyS

Imagen de animalistas boicoteando un campeonato de zorro en Galicia.

Los animalistas que boicoteen una cacería en Polonia se enfrentarán a partir de ahora a penas de hasta tres años de prisión. Esa será una de las medidas estrella de una nueva legislación que será puesta en marcha por el Parlamento polaco con el objetivo de facilitar la actividad cinegética libre, entre otros objetivos, para frenar la propagación de la peste porcina africana en el país.

El proyecto de ley ha sido apoyado por el PiS, el Partido Popular Agrario Polaco (PSL) y la Confederación de extrema derecha. Entre otros puntos, se incluyen la involucración de la policía y los soldados en batidas de jabalíes para frenar la enfermedad o la obligación de cazar con más frecuencia en fincas privadas, para así evitar la sobrepoblación de animales ante una posible entrada de la peste.

En la actualidad, ya se han registrado más de 2.000 animales infectados por la PPA en tierras polacas desde su entrada por el este del país. Recientemente ya se han contabilizado una veintena de jabalíes afectados en la parte oeste de Polonia, concretamente en la provincia de Lubusz, lo que ha hecho crecer la alerta.

De hecho, justo hace un año, en enero de 2019, el gobierno llevó a cabo el sacrificio de 200.000 jabalíes para evitar la rápida propagación de la enfermedad hacia el oeste del país.

La obstrucción de la caza, un nuevo delito en Francia desde abril

Jean-Noël Cardoux durante la lectura del proyecto en el Senado de Francia.

El pasado mes de abril el Senado francés aprobó el proyecto de ley para establecer la Oficina de la Biodiversidad de Francia. Este trámite supuso un avance histórico para los cazadores franceses, que pasaron a formar parte del organismo más importante en materia de biodiversidad en el país galo y que, en la práctica, supone una fusión entre la Agencia Francesa para la Biodiversidad y la Oficina Nacional de Caza y Vida Silvestre. Desde el 1 de enero de 2020, esta entidad representa a la administración en las labores de control ambiental y en la entrega de las licencias de caza y pesca. 

Pero no es la única novedad importante que va a suponer para la caza en el país vecino. Durante la lectura del proyecto –que fue aprobado– se creó un nuevo tipo penal: la obstrucción a la caza, que prevé penas de hasta un año de prisión y una multa de 30.000 euros.