La presidenta de la protectora Parque Animal de la localidad malagueña de Torremolinos se enfrenta junto a un empleado a cuatro años de prisión por matar supuestamente, de forma cruel e indiscriminada, cerca de 2.200 perros entre 2009 y 2010.
15/4/2016 | EFE
La presidenta de la protectora Parque Animal, en Torremolinos (Málaga), se enfrenta el próximo 15 de noviembre a una petición fiscal de cuatro años de cárcel por «exterminio» de casi 2.200 animales. Supuestamente aplicaba menos producto eutanásico del debido a los animales y les causaba «una lenta y dolorosa agonía», tal y como recoge el escrito acusatorio.
La mujer está acusada de un delito continuado de maltrato animal e intrusismo profesional así como un delito continuado de falsedad en documento oficial. Junto a ella se sentará en el banquillo de los acusados un empleado de la misma protectora como cooperador necesario.
El fiscal en su escrito acusatorio, según informa la agencia EFE, destaca que se realizaban sacrificios masivos, sin control veterinario de ninguna clase. En ellos, la acusada administraba los productos eutanásicos por vía distinta a la intravenosa -como estos productos requieren- y sin sedación previa. De esta forma se sometía a los animales a una lenta y dolorosa agonía, totalmente injustificada y conocida por la acusada ya que «se retorcían de dolor a su vista durante horas», según la persona denunciante.
Estas «auténticas sesiones de exterminio», como han sido calificadas en la denuncia que ha llevado a actuar al ministerio fiscal, se realizaban sobre animales normalmente sanos, jóvenes en muchas de las ocasiones. Algunos de estos animales habían sido entregados al centro tan solo días (incluso horas) antes de su sacrificio y no había causa que justificase su muerte, salvo la falta de espacio y la prioridad que la acusada le daba a sus fines privados, según la acusación pública.
Estas exterminaciones, masivas y programadas, se realizaban preferentemente a primeras horas de la mañana. Para ello, según se recoge en el escrito acusatorio, los acusados desconectaban las cámaras de seguridad del centro y ponían música por la megafonía a alto volumen, ya que eran «conscientes del gran alboroto que producían los alaridos de los animales al sacrificarlos de modo tan inhumano» y lo hacían para «evitar que quedara testimonio de dicho acto».
Los dos acusados carecían de titulación en veterinaria de ninguna clase y el fiscal destaca que «por tal cruel procedimiento» se calcula que los procesados habrían sacrificado, entre enero de 2009 y octubre de 2010, un número aproximado de 2.183 animales. La dueña de la protectora al tener que adquirir grandes cantidades de productos eutanásicos, injustificadamente, era ella «quien habitualmente firmaba las recetas a nombre de veterinarios supuestos o alteraba los datos necesarios para sus fines». Según la acusación, también firmaba los listados mensuales de animales para incineración que eran presentados en el Ayuntamiento o alteraba presuntamente su contenido en los extremos necesarios a sus intereses.
