El Gobierno lo ha vuelto a hacer. Una vez más, ha aprovechado el parón vacacional de verano para colar por la puerta de atrás algunas de sus medidas animalistas más polémicas. De esta manera, mientras media España estaba desconectando de su día a día poniéndose a remojo en la playa o en la piscina, la Dirección General de Derechos de los Animales hacía públicas tres de las medidas con las que quiere alimentar su cruzada anticaza.
La primera de ellas tuvo lugar a finales de julio, cuando presentó el borrador que establece las bases de la creación del futuro Sistema Central de Registros para la Protección Animal (SICERPA) que recogerá los datos de todos los perros de España, incluidos los de caza.
A través de él, el Gobierno quiere otorgar funciones cuasi policiales a las protectoras animalistas anticaza y permitirles el acceso a los datos personales de todos los cazadores de nuestro país que tengan sus perros inscritos en él, tal y como obliga la ley.
El Gobierno quiere otorgar funciones cuasi policiales a las protectoras animalistas anticaza y permitirles el acceso a los datos personales de todos los cazadores de nuestro país
Por otro lado, la dirección general animalista también ha publicado la Directriz Técnica sobre Gestión de Colonias de gatos callejeros. Con ella, a efectos prácticos hace imposible el control de este tipo de depredadores en el entorno rural y natural. Su planteamiento es tan descabellado que plantea una burocracia inasumible para la propia Administración y, además, ofrece como única vía de control la esterilización.
Es decir, plantean ir atrapando, esterilizando y volviendo a liberar uno a uno a los gatos asilvestrados que campan a sus anchas por nuestros campos, como si de dóciles siameses de salón se tratara.
Por último, el Gobierno también ha aprovechado el mes de agosto para poner en marcha una encuesta a partir de la cual crear la primera estadística oficial sobre abandono animal de España. Pero lejos de buscar el rigor en los datos y la metodología científica que se le debería presumir a un trabajo de este calado, la dirección general que capitanea José Ramón Becerra simplemente pretende institucionalizar la mentira de los perros de caza abandonados. Por eso sólo permite que aporten datos las protectoras animalistas anticaza y no establece ningún tipo de control para verificar si las cifras aportadas son reales o falsas.
No vaya a ser que el dato mate su relato.
Como ven, ha sido un verano calentito.
