Un cazador que hoy vive en un estado del interior de Estados Unidos y no dispone de finca propia ni de invitación a un coto privado tiene, desde el pasado 17 de septiembre de 2026, un argumento nuevo a su favor: la Casa Blanca ha ordenado a la Administración federal que trate el acceso a sus tierras como la norma, no como la excepción. El presidente Donald Trump firmó ese día la orden ejecutiva «Reinvigorating America’s Hunting Heritage» («Reavivando la herencia cinegética de América»), un texto que instruye a varios departamentos federales a ampliar el terreno disponible para cazar, simplificar trámites y reforzar los programas de captación de nuevos cazadores, con especial atención a jóvenes y familias.
La firma se produjo en una cena celebrada en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, a la que asistieron más de un centenar de cazadores, pescadores y responsables de la industria y de asociaciones cinegéticas, según la difusión que hizo la Asociación Nacional del Rifle (NRA) en sus redes. Ante los asistentes, el propio Trump defendió la medida asegurando que «creemos que las tierras públicas pertenecen al pueblo estadounidense y al público en general, y los cazadores, pescadores y aficionados al aire libre deberían poder acceder a ellas», en una intervención en la que también invocó una tradición cinegética que, según dijo, se remonta a figuras como Davy Crockett y Theodore Roosevelt.
Qué ordena el texto y a quién obliga
El documento oficial publicado por la Casa Blanca reconoce que «acceder a las tierras federales para cazar nunca ha sido tan difícil», y atribuye ese deterioro a la burocracia federal, políticas de acceso confusas y restricciones excesivas sobre educación y captación de cazadores. A partir de ahí, fija como política de la Administración «reavivar, proteger y expandir» el patrimonio cinegético del país.
La orden no abre automáticamente ningún terreno el mismo día de la firma: es un mandato a los organismos federales para que actúen en plazos concretos. Dentro de los 90 días siguientes a la firma, el secretario del Interior debe autorizar la caza de especies no protegidas en terrenos federales seleccionados, siempre que esa actividad no ponga en riesgo yacimientos u objetos de interés histórico y científico, según recoge el propio texto de la Casa Blanca. Además, se aplicará una «presunción de accesibilidad» a las tierras gestionadas por el Gobierno federal, de modo que el punto de partida pase a ser que se puede cazar, salvo excepción justificada, y no al revés.
El despacho de abogados Akin, que hace seguimiento de las órdenes ejecutivas de la Administración Trump, resume que el texto ordena a las agencias federales ampliar el acceso a la caza en tierras públicas, autorizar la caza en determinados parques nacionales, revisar normas que restringen el acceso recreativo, respaldar la educación y captación de cazadores y promover políticas de gestión que favorezcan poblaciones de caza saludables.
La ficha informativa de la Casa Blanca añade otros dos mandatos concretos: el secretario del Interior debe simplificar la normativa para autorizar temporadas de caza de aves acuáticas migratorias y animar a los estados a promover la caza en domingo en terrenos estatales y federales, un día en el que numerosos estados aún la prohíben o restringen.
Más suelo público, con matices que hay que leer bien
La orden también fomenta acuerdos de servidumbre e intercambios de terrenos para abrir parcelas federales que hoy quedan aisladas por no tener acceso legal a través de propiedad privada, un problema conocido en Estados Unidos como tierra «sin salida» o landlocked. Según recoge Outdoor Life, el texto también impulsa el uso de voluntarios para controlar especies invasoras o sobreabundantes y trabajar en gestión de fauna silvestre, además de insistir en el mantenimiento de la munición y los aparejos de plomo.
Ryan Callaghan, responsable de Backcountry Hunters and Anglers, valoró la medida con cautela positiva: la definió como «un empujón claro», o un visto bueno, para que las agencias y los departamentos pongan énfasis en estos asuntos, y recordó que los plazos de desarrollo normativo, de entre 60 y 365 días según los apartados, son «donde vamos a ver los detalles reales» de la aplicación práctica.
El propio texto de la orden incluye una cláusula habitual en este tipo de documentos: no crea ningún derecho exigible ante los tribunales por parte de particulares frente al Estado, lo que confirma que se trata de un mandato interno a la Administración y no de una ley con efecto automático sobre licencias, cupos o temporadas, materias que en Estados Unidos siguen dependiendo en gran medida de cada estado.
Munición de plomo: por qué es una batalla que importa al bolsillo del cazador
Uno de los puntos que más ha celebrado el sector es la defensa expresa del uso continuado de munición y aparejos tradicionales, es decir, los fabricados con plomo, frente a alternativas como el acero o el cobre. La National Shooting Sports Foundation (NSSF), la asociación del sector armero estadounidense, cuyo presidente Joe Bartozzi asistió al acto de la Casa Blanca, sostiene en un comunicado que «la NSSF apoya el uso de munición tradicional y se opone a las prohibiciones o restricciones de esta munición que carecen de una ciencia sólida y revisada por expertos que establezca de forma concluyente impactos adversos sobre las poblaciones de fauna silvestre».
La organización defiende que las municiones alternativas resultan varias veces más caras y que exigir su uso sin evidencia científica sólida puede expulsar del campo a cazadores con menos recursos, precisamente el argumento que conecta esta parte de la orden con el discurso de «democratizar» el acceso a la actividad. La cuestión es importante para la economía del sector: los impuestos especiales del 10% y el 11% que pagan fabricantes de armas y munición, conocidos como Pittman-Robertson, financian buena parte de la conservación de hábitats y la gestión de fauna en Estados Unidos, un circuito que el propio comunicado de la NSSF vincula directamente con la defensa de la munición tradicional.
Jara y Sedal ya había contado antes cómo el Departamento del Interior de EE UU exige pruebas científicas específicas por zona y especie antes de restringir el plomo, un criterio que contrasta con el calendario europeo de retirada progresiva de los perdigones de plomo en caza menor y tiro deportivo. La nueva orden refuerza esa misma filosofía a nivel de política presidencial.
Jóvenes y familias, el argumento del relevo generacional
El encaje social de la medida se apoya en gran parte en el fomento de la caza entre las nuevas generaciones. La NRA, que lleva décadas trabajando en esa dirección, celebró la orden y su vicepresidente ejecutivo y consejero delegado, Doug Hamlin, defendió en la publicación de la entidad la importancia de llevar a la próxima generación al aire libre para preservar las tradiciones cinegéticas del país. La organización vincula ese objetivo con sus propios programas: el Youth Hunter Education Challenge (YHEC), un desafío formativo para jóvenes cazadores; la educación cinegética gratuita por internet; el campamento de aventura del Whittington Center, y sus iniciativas de mentoría entre cazadores experimentados y principiantes.
Otras entidades del sector han sumado su respaldo. El congresista Bruce Westerman calificó las órdenes firmadas ese día como victorias generacionales para los cazadores y pescadores del país, mientras que Kyle Weaver, presidente de la Rocky Mountain Elk Foundation, agradeció a Trump reconocer el papel de los cazadores en el mantenimiento de la fauna silvestre. Keith Mark, fundador de Hunter Nation, presente también en el acto de la Casa Blanca, fue más allá al describir la firma como un plan concreto para reducir la burocracia que, en sus palabras, garantiza el futuro de esta tradición.
Ese impulso institucional conecta con un antecedente que Jara y Sedal ya recogió: la posibilidad de que los distritos escolares integren formación en seguridad y manejo responsable de armas dentro del currículo diario, como ocurrió en Illinois. La nueva orden federal no crea ese tipo de programas educativos, que siguen siendo competencia estatal, pero sí presiona en la misma dirección al reforzar el respaldo político y presupuestario a la captación de cazadores jóvenes.
Para el cazador de a pie, el balance a corto plazo es sobre todo simbólico: un mensaje político que sitúa la caza en tierras públicas como derecho por defecto y no como privilegio sujeto a permiso. El alcance real, medido en hectáreas concretas abiertas, trámites efectivamente eliminados y jóvenes que lleguen al monte gracias a estos programas, se conocerá cuando venzan los plazos de entre 60 y 365 días que la propia orden fija para su desarrollo.
