En España, la posesión de armas en el hogar está estrictamente regulada. Solo se permite tener un arma en casa si se dispone del permiso correspondiente, otorgado bajo circunstancias específicas y con la obligación de cumplir con normas legales sobre su custodia. El incumplimiento de estas reglas puede acarrear sanciones penales o administrativas.

Sin embargo, existe un ‘truco’ que algunos propietarios han utilizado para acelerar el proceso de desalojo de okupas de sus viviendas. Este truco se basa en la posesión legal de armas, algo que puede ser común entre cazadores o personas que practican tiro deportivo y están federadas. En caso de que unos okupas entren en una vivienda donde se guarda un arma, lo primero que se debe hacer es llamar a la Guardia Civil de inmediato.

La okupación de una vivienda deshabitada se considera un delito leve de usurpación de inmuebles, según el artículo 245 del Código Penal. Este delito se diferencia del allanamiento de morada, ya que no implica la invasión de una residencia habitada. Debido a esta distinción, los okupas están inicialmente más protegidos, y el proceso de desalojo puede ser más prolongado.

El papel de las armas en el desalojo

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Si en la vivienda hay un arma, las autoridades actuarán. © Israel Hernández

La situación cambia si en la vivienda okupada hay un arma, aunque no sea la residencia principal del propietario. En este caso, el propietario debe informar a la Guardia Civil, ya que es responsable del arma de fuego y de cualquier incidente que pueda ocurrir con ella. La presencia de un arma en la vivienda okupada introduce un nuevo delito: la posesión ilegal de armas, según el artículo 564 del Código Penal.

Al denunciar la situación a la Guardia Civil y declarar que no se tiene otro lugar donde guardar el arma, se pueden aumentar las posibilidades de que el juzgado ordene el desalojo de la vivienda. Además, el juzgado puede dictar una inmediata autorización para que la Guardia Civil entre en la casa y recupere el arma.

La opinión de los expertos

Josep María Tamarit, catedrático de Derecho Penal en la Universitat Oberta de Catalunya, ya matizó que los agentes pueden entrar en la propiedad si cuentan con la autorización del propietario. Sin embargo, es posible que solo lo hagan para requerir a los okupas que entreguen las armas o para retirarlas directamente. La Guardia Civil, si no lo considera necesario, podría no realizar el desalojo de los okupas.

Aunque este truco no garantiza al 100% el desalojo de los okupas, algunos propietarios aseguran que ha sido efectivo para que las Fuerzas de Seguridad del Estado actúen y los okupas decidan abandonar la vivienda.


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En resumen, aunque la okupación de viviendas es un problema complejo y el proceso de desalojo puede ser largo, la presencia de un arma en la vivienda puede acelerar la intervención de las autoridades. Sin embargo, es fundamental actuar siempre dentro del marco legal y con la asesoría adecuada para evitar consecuencias legales adversas.

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