El hallazgo de los Mossos d’Esquadra en el Pallars Sobirà ha destapado una de las mayores operaciones contra el furtivismo registradas en Cataluña. Tras seis meses de seguimiento y análisis de pruebas, los agentes localizaron un cobertizo en Llagunes que ocultaba más de medio centenar de trofeos de caza mayor obtenidos ilegalmente.
La investigación comenzó a finales de 2024, cuando un anónimo alertó de prácticas sospechosas en la comarca. El mensaje incluía imágenes de cabezas de cérvidos amontonadas en un recinto, aunque en un primer momento no se logró determinar su ubicación exacta. Los agentes rurales trasladaron el aviso al Juzgado de Instrucción número 1 de Tremp, que ordenó la apertura de diligencias y la intervención de la División de Medio Ambiente de los Mossos.
Un cobertizo con un acceso oculto
El operativo se completó el pasado 24 de febrero. Los investigadores accedieron a un viejo cobertizo que, aparentemente, servía para guardar herramientas agrícolas. Tras mover una cementera apoyada contra la pared, descubrieron una trampilla que conducía a una estancia interior. Allí se encontraba la colección ilegal: 13 cabezas de ciervo, 34 de corzo y 5 de rebeco, todas procedentes de zonas de caza controlada de Sort, Soriguera, Rialp y Tornafort.
En el registro también se incautaron seis rifles y cinco visores de alta gama, supuestamente usados en las batidas clandestinas. Los presuntos autores quedaron investigados por un delito contra la fauna. Solo uno de ellos pudo justificar la procedencia legal de una pieza.
La investigación marca un precedente
El caso supone un precedente judicial en Cataluña. Aunque en años anteriores se habían detectado infracciones similares, esta es la primera vez que se logra identificar y vincular directamente a los responsables de un entramado de este tipo. En 2023 se tramitaron 195 denuncias por furtivismo, la mayoría por no contar con autorización, pero ninguna con una estructura tan organizada.
Las autoridades destacan que el furtivismo altera el equilibrio ecológico y amenaza la gestión de los recursos naturales. Las zonas de caza controlada, donde se regulariza la extracción de ejemplares para mantener la población, suman más de 118.000 hectáreas en Cataluña y son consideradas espacios de alto valor natural.
Penas insuficientes y debate abierto
El Código Penal castiga este tipo de prácticas con penas de hasta dos años de prisión, aunque diferentes entidades reclaman un endurecimiento de las sanciones. Consideran que el actual marco legal resulta insuficiente para frenar una actividad que continúa siendo lucrativa y que, en muchos casos, pasa inadvertida.
El operativo del Pallars Sobirà evidencia la eficacia de la cooperación entre ciudadanos, agentes rurales y Mossos d’Esquadra, y refuerza la necesidad de mantener la vigilancia en las zonas de montaña donde la fauna salvaje constituye un patrimonio común.
