Castilla y León, Cantabria, Galicia, País Vasco, La Rioja, Aragón y la Comunidad de Madrid han decidido dar un paso más en el conflicto abierto por la gestión del lobo en España. Tras reunirse en Santander, estas autonomías han consensuado un documento con el que llevarán al Gobierno ante la Comisión Europea por lo que consideran un incumplimiento reiterado de la legislación comunitaria.
La denuncia se apoya, principalmente, en la negativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a remitir el informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo, un documento obligatorio según la Directiva Hábitats. La Comisión Europea ya ha abierto un expediente de infracción a España por este motivo, lo que ha tensado aún más la relación entre el Ejecutivo central y las regiones con mayor presencia de la especie.
Las comunidades denuncian que esta situación está teniendo un impacto directo sobre el territorio y, especialmente, sobre la ganadería extensiva, que aseguran se encuentra en una situación límite en amplias zonas del país.
Reunión en Santander y frente común autonómico
El encuentro, celebrado en Santander, reunió a responsables autonómicos con competencias en la gestión del lobo. Aunque estaban invitadas todas las comunidades y la ministra Sara Aagesen, esta no asistió. Sí lo hicieron representantes de Castilla y León, Cantabria, Galicia, País Vasco, La Rioja, Aragón y Madrid, que escenificaron un frente común poco habitual.
Según explicó la consejera cántabra de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, el documento presentado cuenta además con el respaldo de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias, Extremadura, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. De este modo, el texto suma el apoyo de todas las comunidades gobernadas por el PP, además de País Vasco y Canarias.
Las regiones reclaman la convocatoria inmediata de una conferencia sectorial monográfica sobre el lobo, el envío urgente del informe sexenal a Bruselas y la transferencia de los fondos previstos en la estrategia nacional para compensar daños y aplicar medidas preventivas.
El Lespre y el impacto sobre el campo
Las comunidades firmantes coinciden en señalar un punto de inflexión claro: la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Especial Protección (Lespre) en 2021. Desde entonces, aseguran, la presencia de la especie se ha incrementado y los ataques al ganado se han disparado.
«Queremos dejar claro que nadie quiere acabar con el lobo, queremos convivir con él, pero su número está haciendo insostenible la ganadería extensiva», afirmó María Jesús Susinos tras la reunión. Un mensaje que se repite en territorios donde los daños se concentran, especialmente al sur del río Duero, donde no se permiten medidas de control.
En Castilla y León, la Junta y las organizaciones agrarias cifran en 5.985 las cabezas de ganado muertas por ataques de lobo en 2024, un 40 % más que en 2021, año de la entrada de la especie en el Lespre.
La respuesta del Ministerio y el pulso con Bruselas
Desde el Miteco justifican el retraso en el envío del informe alegando falta de una base científica sólida. «El informe, en su estado actual, no ofrece todavía una base científica solvente», señalan fuentes del Ministerio —tal y como recoge Diario de León—, que apuntan a cambios recientes en las poblaciones, incendios forestales y extracciones realizadas por algunas comunidades.
El Gobierno defiende que ha priorizado «criterios de rigor científico, prudencia institucional y seguridad jurídica», frente a un envío precipitado que podría debilitar la posición de España ante la Comisión Europea. Sin embargo, las comunidades interpretan estas explicaciones como una maniobra para evitar la aplicación de los cambios normativos que permitirían sacar al lobo del Lespre y aplicar medidas de gestión más flexibles.
Mientras tanto, Bruselas mantiene abierto el expediente de infracción y el conflicto político y territorial en torno al lobo sigue sumando capítulos, con el campo como principal damnificado.
