El fallo, hecho público en los últimos días, supone un giro relevante en la gestión de los daños provocados por la fauna silvestre en Castilla y León. La sentencia, firme y sin posibilidad de recurso, reconoce la responsabilidad patrimonial de la administración autonómica tras la muerte de Wifi, un sabueso español utilizado en actividades cinegéticas en la zona de Riello y atacado por un lobo el 3 de febrero de 2024.
El caso afectó a Diego Puebla, propietario del animal, que participaba aquel día en una batida en Salce, una pedanía con amplia tradición en este tipo de jornadas. Según ha informado León Noticias, la cacería había comenzado a media mañana y se desarrollaba con normalidad hasta que los perros se dispersaron en un área de monte con escasa cobertura. Al no regresar, el dueño contactó con los agentes medioambientales para alertar del posible ataque. Según explica su abogado, «no hicieron nada, y al final son daños de un particular que la Administración debía asumir».
El juzgado consideró probado que la muerte del perro fue causada por un lobo, basándose en un informe veterinario que recogía signos compatibles con este tipo de ataque y una valoración económica ajustada a las cualidades del animal como sabueso español. La magistrada concluyó que existían pruebas suficientes para imputar el daño a fauna silvestre y, en consecuencia, activar la responsabilidad de la Junta.
Una resolución que marca un precedente
El proceso fue dirigido por el abogado Jorge Carro, quien inició el expediente de responsabilidad patrimonial defendiendo que la administración debía responder «igual que lo hace con el ganado y los perros mastines». Hasta ahora, los ataques a perros de caza no estaban siendo indemnizados, una diferencia de criterio que, según subraya el letrado, no tenía justificación jurídica. «Los perros de caza no se estaban pagando y en Castilla y León esta es la primera sentencia a favor y la primera que ganamos. Es un punto de inflexión importante respecto al tema del lobo y de los daños que ocasiona», afirma.
La resolución obliga a la Junta a abonar 7.000 euros de indemnización, más intereses legales, y 600 euros en costas. Una cantidad que, más allá de su impacto económico, representa un reconocimiento explícito a la obligación de compensar daños cuando la administración tiene constancia del incidente y no actúa.
Más ataques en zonas de alta presencia de lobo
Según recoge el citado medio, el abogado del cazador señala que muchos propietarios no denuncian por creer que, al tratarse de una especie estrictamente protegida, no obtendrán reparación alguna. Sin embargo, recuerda que «si la Administración tiene responsabilidad por un daño causado a una persona, deberá indemnizar. Y así lo ha reconocido el juzgado».
Carro ha advertido de que en comarcas como Omaña y áreas próximas a Asturias los ataques son cada vez más frecuentes, especialmente contra perros utilizados en batidas, y confirma que ya existe otro procedimiento abierto en Maraña.
Una vía para futuras reclamaciones
El fallo abre la puerta a que otros afectados puedan iniciar procedimientos similares cuando existan pruebas que acrediten el ataque y el daño ocasionado. «Es un precedente importante. Los daños causados por fauna silvestre no desaparecen por proteger a la especie; si afectan a un particular y cumplen los requisitos legales, la Junta debe responder», insiste el letrado.
