El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Toledo ha emitido una sentencia que impide a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (CLM) segregar parte de una finca de caza para incluirla en el Parque Nacional de Cabañeros. Esta decisión judicial responde a la demanda interpuesta por el propietario de la finca, quien se oponía a la segregación de una parte de su coto situado dentro del espacio protegido.
La sentencia declara la nulidad de la segregación y ordena a la Administración demandada a asumir las costas del proceso, reconociendo así el derecho del propietario a ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos. La resolución de la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible, fechada el 12 de enero de 2021, había acordado segregar 1.214 hectáreas de la finca, lo que implicaba que la zona segregada dejara de ser un coto de caza.
Argumentos del propietario y fallo judicial
El propietario, miembro de la Asociación de Afectados por el Parque Nacional de Cabañeros (AAPNC), se opuso a la segregación argumentando que la Administración no había cumplido con los requisitos legales para llevar a cabo dicha acción. El Juzgado consideró que la Administración castellanomanchega debería haber iniciado un acuerdo voluntario previo a la segregación y, en caso de no existir, un procedimiento de expropiación. Sin embargo, la Administración optó por un expediente de segregación, eludiendo así el procedimiento de expropiación forzosa y las garantías patrimoniales y jurídicas inherentes.
Jorge Bernad Danzberger, abogado del propietario, explicó: «La Administración pretendía modificar un coto, reduciendo notablemente su superficie, lo que implica un perjuicio para su titular, y lo hace sin hacer mención a la obligación de indemnizar, lo que implica que estamos ante una expropiación por un procedimiento ajeno a la misma».
Preocupación por el estado del Parque Nacional de Cabañeros
Este fallo judicial se suma a la creciente preocupación por la situación de abandono que sufre el Parque Nacional de Cabañeros. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) solicitó en noviembre a la Comisión Europea que investigue posibles incumplimientos de las Directivas Hábitats y Aves en la administración de Cabañeros. Estas directivas obligan a los Estados miembros a garantizar la conservación favorable de los ecosistemas y especies protegidas.
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Además, se ha propuesto una misión de investigación para evaluar in situ los problemas ambientales en las áreas de propiedad privada del parque. Según el ‘Informe de valoración de daños sobre la vegetación en la finca Cabañeros como consecuencia de la prohibición de la actividad cinegética’, elaborado por el ingeniero de Montes Rafael Sánchez Pérez de Villaamil, el aumento de las poblaciones de ungulados ha alcanzado un 250% en los últimos tres años, generando un grave impacto en el equilibrio ecológico.
