En los últimos meses, los ataques al ganado en España han experimentado un alarmante incremento. Esta situación ha generado especial preocupación entre los ganaderos, quienes señalan que la prohibición del control del lobo y de los perros asilvestrados, implementada por el Gobierno de Pedro Sánchez, es la principal causa de este aumento.
Según datos recientes, cada día se producen aproximadamente 35 ataques de lobos a ganado en las zonas rurales de España. Este número ha aumentado significativamente desde la prohibición de la caza del lobo en 2021. Un año después, se registraron 2.338 ataques más que en los 12 meses anteriores, pasando de 10.560 a 12.898. Las comunidades autónomas más afectadas son Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León y La Rioja, que concentran la mayor presencia de manadas de lobos.
La situación es especialmente grave en Castilla y León, donde los ataques se han duplicado desde la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). En 2023, se registraron 3.558 ataques, resultando en la muerte de 5.566 cabezas de ganado. Este incremento en los ataques ha llevado a la administración a tener que desembolsar 3,45 millones de euros en indemnizaciones, poniendo en jaque la sostenibilidad económica de muchas explotaciones ganaderas.
La ley animalista y su impacto
La Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, promulgada por el Gobierno de Sánchez, ha supuesto un punto de inflexión en la gestión de la fauna silvestre en España. La polémica normativa, que entró en vigor el 29 de septiembre de 2023, prohíbe el control de perros errantes y gatos asilvestrados, lo que ha supuesto acabar con una herramienta fundamental para la gestión cinegética y el equilibrio ecológico en los ecosistemas.
La prohibición del control de estos animales continúa teniendo consecuencias directas en la seguridad del ganado. Los perros asilvestrados, en particular, se han convertido en una amenaza creciente. Estos animales, que anteriormente podían ser controlados con permisos específicos para evitar su proliferación, ahora vagan libremente, aumentando los ataques a ovejas, cabras, cerdos o vacas.
Reacciones y medidas propuestas
La respuesta de los ganaderos y las asociaciones agrarias no se ha hecho esperar. Organizaciones como ASAJA, COAG y UPA han expresado en los últimos años su preocupación y han instado al Gobierno a reconsiderar las medidas adoptadas. Argumentan que la protección estricta del lobo y la prohibición del control de perros asilvestrados están poniendo en peligro la viabilidad de muchas explotaciones ganaderas y la seguridad alimentaria del país.
En el ámbito europeo, la situación también ha generado debate. Recientemente, la Unión Europea ha dado el primer paso para rebajar el estatus de protección del lobo, en respuesta al aumento de los ataques al ganado.
Sin embargo, España ha votado en contra de esta medida, lo que ha generado numerosas críticas por parte de las asociaciones de ganaderos.
Un ganadero da una lección (sin hablar) a quienes defienden el lobo y el bienestar animal
El aumento de los ataques al ganado en España es una problemática compleja que requiere una solución equilibrada. Como todos sabemos la protección de la fauna silvestre es crucial, pero también lo es la seguridad y sostenibilidad de las explotaciones ganaderas. La Ley de Bienestar Animal y la prohibición del control del lobo y de los perros asilvestrados han tenido consecuencias imprevistas que deben ser abordadas con urgencia. Es necesario encontrar un punto medio que permita la coexistencia de la fauna silvestre y la actividad ganadera, garantizando tanto la conservación de las especies como la viabilidad económica de nuestro medio rural.
La situación actual exige un diálogo abierto y constructivo entre todas las partes implicadas, para desarrollar políticas que protejan tanto a los animales como a las personas que dependen de la ganadería para su sustento. Solo así se podrá lograr un equilibrio sostenible y justo para todos.
