El reloj avanza para 130 agricultores de Jaén y Córdoba que se enfrentan a la expropiación de sus tierras y la tala de sus 100.000 olivos debido a la construcción de una gran planta fotovoltaica. El próximo 7 de noviembre, los propietarios afectados han sido citados para iniciar los trámites de expropiación, marcando el comienzo de un proceso que muchos consideran devastador para sus medios de vida y el entorno natural.
SOS Rural, un movimiento ciudadano en defensa del mundo rural, ha alertado sobre el daño irreparable que supondrá la tala masiva de olivos en los municipios de Lopera, Arjona y Marmolejo. La organización se ha unido a la Plataforma Campiña Norte de Jaén y la Plataforma Stop Megaplantas Solares Alto Guadalquivir para visibilizar el drama que viven los agricultores del Valle del Guadalquivir.
Denuncias de fragmentación y coacción
Los agricultores y vecinos del valle del Guadalquivir han denunciado que las empresas promotoras de los proyectos fotovoltaicos están utilizando tácticas de «fragmentación artificiosa». Según los afectados, estas empresas dividen los proyectos en unidades menores de 50 megavatios para eludir controles administrativos más estrictos. Además, muchos agricultores se sienten coaccionados a aceptar acuerdos con las empresas promotoras, ya que estos acuerdos son económicamente más ventajosos que la expropiación forzosa bajo la ley del sector eléctrico.
Desde la Plataforma Campiña Norte de Jaén, se advierte sobre las prácticas especulativas de las empresas solares. «Ofrecen arrendamientos anuales de entre 1.000 y 1.500 euros por hectárea, pero luego revenden las tierras a fondos de inversión por 10.000 euros la hectárea», denuncian. Esta disparidad en los valores de arrendamiento y venta refleja una profunda injusticia económica que afecta a los propietarios locales.
La plataforma también subraya las consecuencias a largo plazo de estos proyectos. «Dentro de 30 años, cuando las empresas solares devuelvan las tierras, estas habrán perdido su capacidad productiva debido al uso industrial, y nuestros hijos habrán tenido que emigrar en busca de trabajo», lamentan.
Un impacto ambiental significativo
La Plataforma Stop Megaplantas Solares Alto Guadalquivir ha señalado que la instalación solar proyectada abarcará 895 hectáreas, y destruirá 100.000 olivos en plena producción. Además, existen 18 plantas adicionales en proyecto o ejecución en la comarca de la Campiña Norte de Jaén, lo que podría llevar a la destrucción de 320.000 olivos más y afectar a 3.222 hectáreas adicionales.
Un informe de la Cooperativa Local La Loperana estima que cada 500 hectáreas de olivar representan pérdidas de 2.000.000 euros en rentas por producción de aceite y 900.000 euros en jornadas de trabajo. SOS Rural denuncia que la falta de poder de decisión de los agricultores sobre sus medios de vida es inaceptable y propio de «países bananeros».
SOS Rural ha advertido repetidamente que la proliferación descontrolada de megaplantas solares en tierras de cultivo representa una amenaza tanto para la población rural como para el medio natural. La alteración drástica del entorno tiene consecuencias irreversibles para la biodiversidad y el futuro de las generaciones venideras. Un estudio de GAD3 sobre el impacto de las placas solares revela que el 56% de los españoles se opone a la instalación de estas en suelo agrícola.
Patrimonio en peligro
Se además la circunstancia de que estos proyectos solares se están promoviendo en una zona propuesta para ser declarada Patrimonio Mundial de la Unesco bajo el título de Paisaje del Olivar Andaluz. Esta región es conocida por sus extensas plantaciones de olivos, la calidad de su producción y su gestión medioambiental. Sin embargo, la presión de los proyectos solares pone en riesgo esta declaración.
Greenalia Solar, la empresa promotora de los proyectos Zumajo I y II, ha declarado por su parte que todos sus proyectos han sido considerados de utilidad pública por la Junta de Andalucía. Por el momento, las alegaciones presentadas por particulares, empresas y entidades han sido desestimadas.
La situación en Jaén y Córdoba refleja un conflicto más amplio en España y otros países, donde el impulso por las energías renovables a menudo choca con los intereses locales y la preservación del patrimonio cultural y natural. Mientras los agricultores luchan por proteger sus tierras y su modo de vida, las empresas de energía solar argumentan que sus proyectos son esenciales para combatir el cambio climático y proporcionar energía limpia a miles de hogares.
Con el tiempo agotándose, los agricultores afectados enfrentan un futuro incierto, luchando por un equilibrio entre la necesidad de energías renovables y la preservación de sus tradiciones y medios de vida.
