El plan de la Comisión Europea para prohibir el uso de munición de plomo en la caza ha recibido un duro golpe tras la reunión del Comité REACH celebrada el pasado 29 de abril. Según ha podido saber Jara y Sedal, un considerable número de Estados miembros mostraron abiertamente su rechazo a la propuesta presentada por Bruselas, especialmente en lo relativo a la restricción del plomo en entornos terrestres (punto 5 del orden del día). La Comisión se ha visto obligada a abrir un periodo de revisión para atender las preocupaciones planteadas y tratar de hacer viable una propuesta que, a todas luces, ha naufragado en su versión actual.
La propia Comisión Europea ha reconocido la presión política al recibir una pregunta parlamentaria formal sobre las implicaciones de esta propuesta. La pregunta, dirigida al comisario Sejourné, puede consultarse íntegramente en este enlace oficial.
Un plan cuestionado desde el inicio
Como ya informó Jara y Sedal, Bruselas pretende imponer una de las restricciones más severas jamás planteadas contra el sector cinegético europeo, prohibiendo municiones y aparejos de pesca con más de un 1% de plomo. Este reglamento, detallado en un borrador presentado por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), contempla un plazo de transición de cinco años para la caza menor y solo 18 meses para la caza mayor, bajo la justificación de proteger la salud humana y el medio ambiente.
Sin embargo, numerosos expertos y entidades del mundo rural denuncian que este intento está plagado de datos sesgados y cálculos económicos irreales. El documento oficial sostiene que el coste adicional para los cazadores apenas superaría los 30 euros anuales, pero basta mirar los precios actuales del acero, el bismuto y otros materiales para comprobar que el impacto real sería muy superior, además de obligar a sustituir un gran porcentaje de armas no adaptadas a estas municiones.
Un golpe para los campos de tiro y el mundo rural
El impacto no se limita al cazador individual. Según estudios recientes, el 95% de los campos de tiro europeos se verían abocados al cierre, arrastrando a un sector fundamental para la formación y la seguridad no solo de cazadores, sino también de cuerpos de seguridad y deportes de competición.
Además, uno de cada cuatro cazadores abandonaría la actividad, poniendo en peligro la gestión de poblaciones y la conservación de ecosistemas enteros.
Ciencia ignorada y presiones ecologistas
Uno de los puntos más controvertidos es el modo en que se ha elaborado el borrador: ignorando estudios que cuestionan los riesgos reales del plomo en la caza y basándose exclusivamente en informes procedentes de lobbies ecologistas, cuyo objetivo declarado es acabar con esta actividad.
La Federación Europea para la Caza y la Conservación (FACE) ya denunció que los análisis de la ECHA no reflejan la realidad, ya que los niveles de plomo detectados en la carne de caza no corresponden a las partes destinadas al consumo humano. Sin embargo, estas evidencias han sido desoídas por la Comisión, alimentando la percepción de que Bruselas actúa al dictado de intereses radicales.
¿Y ahora qué?
La reacción de los Estados miembros, que en bloque han frenado esta intentona, supone un respiro momentáneo para el sector cinegético europeo. Pero la batalla no ha terminado. La Comisión Europea está trabajando en una revisión del texto que será clave para el futuro de la caza en Europa.
Desde Jara y Sedal seguiremos informando puntualmente de cada paso en este proceso, defendiendo el derecho de los cazadores a practicar una actividad esencial para la conservación y el mundo rural.
