El examen periódico de España ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas dejó el pasado 22 de enero algo más que una discusión técnica sobre leyes de infancia. En varias intervenciones, miembros del propio comité dirigieron preguntas muy concretas sobre caza, tauromaquia y menores, dibujando un frente crítico que apunta, no obstante, a prácticas reguladas y arraigadas en gran parte del mundo rural español.

Las preguntas no han llegado de forma genérica ni anónima. Tienen nombres, apellidos y procedencias concretas, y se han formulado con un tono que, para el sector cinegético, supone un nuevo paso en la presión internacional contra el relevo generacional y la normalización de la actividad cinegética.

Antes incluso de entrar en la respuesta del Estado español, conviene identificar quiénes han sido las voces que han llevado este debate hasta la ONU y cuáles han sido exactamente sus argumentos.

Las preguntas del Comité sobre caza y tauromaquia

Una de las intervenciones más explícitas fue la de Suzanne Aho, ex ministra de Salud de Togo, que centró su pregunta en los espectáculos taurinos y su posible impacto psicológico en la infancia. Dirigiéndose a la delegación española, planteó una reflexión directa sobre la exposición de los menores a este tipo de eventos.

Suzanne Aho (Togo) preguntó a España por la presencia de menores en los toros.

«Nos gustaría que nos dijeran algo más sobre la tauromaquia. ¿Qué hacen para proteger a los niños y a las niñas? Porque a base de ver tanta sangre, la muerte de tantos animales, yo temo que esto pueda afectar a su psique», afirmó ante el pleno del Comité.

Aunque su intervención se centró en los toros, el enfoque utilizado —la violencia contra los animales y sus supuestos efectos en la infancia— es el mismo que después se trasladaría al debate sobre la caza, conectando ambas actividades bajo un mismo prisma.

En la misma línea crítica intervino Zeinebou Taleb Moussa, miembro del Comité por Mauritania, que respaldó una pregunta previa del experto islandés Bragi Guðbrandsson y puso el foco directamente en la participación de menores en actividades cinegéticas con armas de fuego.

Zeinebou Taleb Moussa (Mauritania) calificó como un peligro que los menores puedan acudir de caza.

«Tiene que ver con la participación de niños y niñas en actividades de caza donde se usan armas de fuego. Es un peligro, además, para la infancia y es preocupante y es importante», señaló, reclamando a España datos concretos sobre cuántos menores participan en este tipo de actividades.

Taleb Moussa fue más allá y preguntó si el Estado español tiene intención de modificar su legislación para ajustarse a los artículos 3, 6 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño. «Porque es ante todo un peligro… y además amenaza el interés superior del niño y la salud infantil», añadió durante su intervención.

La intervención de Timothy P. T. Ekesa

El tercer nombre clave en este bloque de preguntas fue el de Timothy P. T. Ekesa, miembro del Comité por Kenia, que amplió el debate introduciendo otro elemento sensible: la desigualdad normativa entre comunidades autónomas y el peso de la tradición cultural.

Timothy P. T. Ekesa (Kenya) habló de presiones culturales, familiares o económicas en cuanto a la participación de menores en eventos taurinos.

«Mi pregunta es sobre la participación de menores en las corridas o la tauromaquia», comenzó Ekesa, recordando que el propio informe presentado por España reconoce diferencias significativas en la regulación territorial de este tipo de actividades.

El experto keniano preguntó qué medidas está adoptando el Estado para armonizar estas normas y por qué se permite la participación de menores en actividades que, a su juicio, implican violencia o alto riesgo físico. También puso el acento en las garantías que deberían existir para asegurar que la participación de los niños sea realmente voluntaria.

En este punto, Ekesa introdujo un argumento que se repitió a lo largo de la sesión: la posible existencia de presiones culturales, familiares o económicas que empujarían a los menores a participar en este tipo de eventos, tanto en el ámbito taurino como en otros relacionados con animales.

En su intervención insistió en que el interés superior del menor debe prevalecer sobre cualquier consideración de patrimonio cultural y pidió explicaciones sobre cómo evalúa España las consecuencias psicológicas de la exposición de los menores a estos entornos.

Un frente internacional con nombres propios

Las intervenciones de Aho, Taleb Moussa y Ekesa no se produjeron de forma aislada ni improvisada. Forman parte de un discurso que el Comité de los Derechos del Niño viene manteniendo desde hace años y que, en este examen a España, ha vuelto a señalar de forma explícita a la caza y la tauromaquia.

Desde el sector cinegético se observa con preocupación que estas preguntas se formulen sin distinguir entre prácticas reguladas, acompañamiento familiar y uso efectivo de armas, y que se planteen como un problema de protección infantil actividades que forman parte de la vida social y cultural de amplias zonas rurales.

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