Más de cinco años después de que se bloqueara la gestión de fauna en las fincas privadas del Parque Nacional de Cabañeros, los propietarios aseguran que la situación sigue prácticamente igual. Denuncian que, pese a la reciente firma de un convenio para aplicar el Plan de Gestión de Ungulados Silvestres, en la práctica no pueden actuar y el deterioro ecológico del espacio protegido continúa agravándose.
La advertencia parte de la Asociación de Afectados por el Parque Nacional de Cabañeros, que representa a los propietarios de nueve fincas privadas situadas entre las provincias de Ciudad Real y Toledo. Estas propiedades concentran casi todo el suelo privado del parque y, según sostienen, llevan años sin poder ejercer ningún tipo de gestión sobre las poblaciones de ungulados.
Desde la asociación insisten en que la situación actual no solo afecta a los derechos de los propietarios, sino que tiene consecuencias directas sobre el equilibrio ambiental del parque, donde el crecimiento descontrolado de determinadas especies está provocando daños acumulados en el ecosistema.
Un convenio firmado que no puede aplicarse
De las nueve fincas privadas integradas en la asociación, únicamente una, denominada Cabañeros, ha logrado firmar un convenio con la Administración para aplicar el Plan de Gestión de Ungulados Silvestres. El acuerdo se rubricó el pasado 14 de enero de 2026 y fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 27 del mismo mes.
Sin embargo, ese avance se ha quedado, por ahora, en papel mojado. La AAPNC denuncia que el convenio no puede ejecutarse porque todavía no se ha autorizado la dotación presupuestaria necesaria para ponerlo en marcha. En consecuencia, ni siquiera la única finca con acuerdo firmado puede iniciar las actuaciones previstas de control de poblaciones.
Mientras tanto, el resto de propietarios continúa a la espera de que se negocien y formalicen sus respectivos convenios, sin que exista un calendario claro ni garantías sobre cuándo podrán comenzar a aplicarse.
Más de un lustro sin gestión en fincas privadas
La asociación recuerda que desde el 5 de diciembre de 2020 la Administración impide a los propietarios de fincas privadas realizar cualquier actuación de gestión de poblaciones. Una situación que, a su juicio, se ha prolongado durante más de cinco años sin soluciones efectivas.
Según explican, la falta de intervención ha favorecido el aumento de las poblaciones de ungulados y el consiguiente impacto negativo sobre la vegetación y otros elementos del ecosistema del parque. Aun en el caso de que se desbloquee la situación, advierten de que los daños ambientales acumulados no podrán revertirse a corto plazo.
Indemnizaciones y recursos judiciales en marcha
La AAPNC subraya además que la firma del convenio no implica el abono de las indemnizaciones que consideran que se les adeudan por haber sido privados de sus derechos durante todo este tiempo. Estas compensaciones, señalan, se reclaman desde hace más de un lustro.
Actualmente, esas reclamaciones se encuentran en la vía contencioso-administrativa, a la espera de una resolución judicial que determine si la Administración debe responder económicamente por el bloqueo impuesto a las fincas privadas.
La mirada puesta en Europa
El conflicto de Cabañeros ha trascendido el ámbito nacional y llegará también a las instituciones europeas. El próximo 18 de febrero de 2026, una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitará tanto la parte pública como la privada del parque.
Durante esa visita, los eurodiputados podrán comprobar sobre el terreno, según la asociación, que los daños denunciados se han agravado desde que los propietarios presentaron su petición ante el Parlamento Europeo en junio de 2024.
