A comienzos del siglo XX, el lince ibérico estaba muy lejos de ser el icono de conservación que representa en la actualidad. Su presencia era considerada un problema para el medio rural y las administraciones públicas incentivaban económicamente su eliminación. Así lo demuestra el artículo 69 del reglamento de 3 de julio de 1903 para la aplicación de la Ley de Caza, que establecía cantidades concretas para quienes capturaran y dieran muerte a diferentes especies catalogadas entonces como «animales dañinos».
Aquel reglamento constituye hoy un valioso testimonio histórico de una época en la que la gestión de la fauna respondía a criterios muy distintos a los actuales. El sistema de recompensas estaba organizado desde los ayuntamientos y exigía presentar pruebas físicas de las capturas, como colas, orejas o pieles, para poder cobrar el dinero correspondiente.
Entre las especies incluidas figuraban el lince ibérico, el lobo, el zorro, el gato montés, la garduña y diversas aves rapaces, todas ellas consideradas perjudiciales para la ganadería, la agricultura o la caza menor.
Un precio oficial para acabar con los depredadores
El documento establecía con precisión las cantidades que se abonaban por cada ejemplar. Matar un lobo macho daba derecho a cobrar 15 pesetas, mientras que por una hembra se pagaban 20 pesetas. Un zorro estaba recompensado con 7,50 pesetas, cifra que ascendía a 10 pesetas si se trataba de una hembra.
El lince ibérico compartía tarifa con el gato montés: 3,75 pesetas por ejemplar. Aunque hoy esa cantidad pueda parecer simbólica, en el contexto económico de principios del siglo XX suponía un incentivo suficiente para fomentar su captura de forma continuada. El propio reglamento recogía literalmente el objetivo de estas recompensas: «Las personas que persigan y den muerte a los animales dañinos (…) obtendrán (…) las siguientes recompensas».
Aquellas políticas no obedecían a criterios de conservación de la biodiversidad, sino a una visión utilitarista del medio natural. Los grandes depredadores eran vistos como enemigos de la producción rural y de las especies cinegéticas, por lo que su eliminación era promovida desde las propias instituciones públicas.
Del exterminio promovido por el Estado a la recuperación de la especie
La persecución sostenida durante décadas contribuyó al colapso de las poblaciones de lince ibérico, que terminó desapareciendo de amplias zonas de España a lo largo del siglo XX. La recuperación de la especie no comenzaría hasta muchos años después, cuando cambió por completo la forma de entender la conservación de la fauna.
Hoy el panorama es radicalmente distinto. El lince ibérico se ha convertido en uno de los mayores éxitos de conservación de Europa y buena parte de esa recuperación se desarrolla en terrenos cinegéticos. Se estima que alrededor del 90 % de los linces habitan actualmente en cotos de caza, donde se protege su hábitat y se favorece la disponibilidad de alimento.
El Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) ha señalado que la carroña procedente de la actividad cinegética constituye una fuente de alimento importante para distintas especies, entre ellas el lince, cuya dieta depende en gran medida del conejo.
A ello se suman iniciativas impulsadas por sociedades de cazadores. En Jaén, por ejemplo, la Sociedad de Cazadores «Santiago El Mayor» ha trabajado en la instalación de puntos de agua en áreas críticas para la especie, una muestra del profundo cambio experimentado en apenas un siglo: de pagar por eliminar al lince a impulsar proyectos destinados a garantizar su supervivencia.
