El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Senado una moción para pedir al Gobierno que la reforma del Reglamento de Armas se limite exclusivamente a adaptar la normativa española a las exigencias de la Unión Europea y que no introduzca nuevas restricciones para los ciudadanos que ya poseen armas legalmente, entre ellos miles de cazadores y tiradores deportivos.
La iniciativa, presentada por los senadores Luis Santamaría Ruiz (Valencia) y Pablo González Menéndez (Asturias), se debatirá en la Comisión de Interior de la Cámara Alta y plantea que cualquier modificación del reglamento aprobado por el Real Decreto 137/1993 se circunscriba únicamente a cumplir la Directiva (UE) 2021/555, que regula el control de la adquisición y tenencia de armas de fuego en la Unión Europea, evitando incorporar medidas adicionales que afecten a actividades legales como la caza o el tiro deportivo.
El reglamento actualmente vigente se remonta al Real Decreto 137/1993, una norma que regula en España la fabricación, comercio, adquisición, tenencia y uso de armas. A lo largo de los años ha sido objeto de diferentes modificaciones para adaptarse tanto a la evolución legislativa interna como a las obligaciones derivadas de la normativa europea en materia de control de armas de fuego.
La reforma del Gobierno ha generado preocupación en el sector
El registro de esta moción se produce en un momento de creciente inquietud dentro del sector cinegético y entre los usuarios legales de armas. El Ministerio del Interior ha abierto recientemente un proceso de consulta pública para modificar el Reglamento de Armas con el objetivo de adaptarlo a la Directiva (UE) 2021/555, la normativa comunitaria que establece el marco europeo para el control de la adquisición y tenencia de armas de fuego.
Sin embargo, desde distintos ámbitos del sector se teme que el proyecto pueda ir más allá de una simple adaptación técnica a la normativa europea. Algunas de las medidas que se barajan en el borrador del reglamento han despertado preocupación entre cazadores, tiradores deportivos e incluso entre representantes de la industria armera, que temen que se introduzcan nuevas obligaciones que no derivan directamente de la legislación comunitaria.
Una de las cuestiones que más debate ha generado es la posible unificación de las licencias D y E, actualmente diferenciadas para rifles de caza mayor y escopetas. Aunque la medida se presenta como una simplificación administrativa, varios colectivos han advertido de que podría tener consecuencias prácticas relevantes para miles de cazadores.
Entre otras cosas, el temor es que esa unificación pueda acabar extendiendo la obligación de disponer de un armero homologado a todos los titulares de armas de fuego, incluidos quienes únicamente poseen escopetas para la caza menor, algo que actualmente no se exige de manera generalizada.

El PP pide limitar la reforma a lo que exige Europa
En este contexto, el Grupo Parlamentario Popular considera que la reforma del Reglamento de Armas debe centrarse exclusivamente en cumplir con las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión Europea. Según recoge la moción registrada en el Senado, la Comisión Europea ha solicitado a España que adapte determinados aspectos técnicos de su normativa para garantizar la correcta aplicación de la directiva comunitaria.
Entre esos aspectos se encuentran cuestiones relacionadas con el marcado de determinadas armas, como las denominadas armas artísticas o las que utilizan el sistema «Flobert». Se trata de requisitos técnicos destinados a mejorar la trazabilidad y el control de las armas dentro del marco regulador europeo.
Para el Partido Popular, estas modificaciones deben realizarse respetando los principios de necesidad, proporcionalidad y seguridad jurídica que rigen la actividad normativa de los poderes públicos. En otras palabras, la adaptación de la legislación española a la directiva europea no debería aprovecharse para introducir reformas de mayor alcance que no estén directamente relacionadas con esa obligación comunitaria.
La moción plantea que cualquier cambio en el reglamento se limite estrictamente a lo necesario para cumplir con los requerimientos de la Comisión Europea, evitando así la incorporación de nuevas restricciones para los ciudadanos que ya poseen armas de manera legal y cumplen con todos los requisitos establecidos por la normativa vigente.
Caza y tiro deportivo, actividades legales con impacto rural
En su exposición de motivos, el texto registrado por el PP también subraya la importancia social, económica y territorial de actividades como la caza y el tiro deportivo. Ambas se desarrollan dentro de un marco legal muy regulado y sometido a estrictas normas de seguridad, por lo que consideran que no deberían verse afectadas por reformas que introduzcan nuevas limitaciones sin un análisis previo.
En el caso de la actividad cinegética, recuerdan que su práctica genera un importante impacto económico en el medio rural, contribuyendo al mantenimiento de empleo y al sostenimiento de numerosos municipios. Además, desempeña un papel relevante en la gestión de poblaciones de fauna y en la conservación de los ecosistemas en muchos territorios.
Por su parte, el tiro deportivo constituye una disciplina reconocida internacionalmente, con presencia en competiciones federadas y olímpicas. Su práctica se realiza en instalaciones específicamente reguladas y bajo estrictas condiciones de seguridad, lo que refuerza la idea de que cualquier cambio normativo debería abordarse con cautela y tras escuchar a los sectores implicados.
En este sentido, la moción también plantea que cualquier reforma de mayor alcance del régimen jurídico de las armas debería abordarse mediante un proceso normativo independiente, acompañado de una evaluación previa de impacto y de un diálogo amplio con los colectivos afectados.








