En Francia, el debate sobre el uso de pesticidas ha alcanzado una nueva cota de intensidad tras la aprobación de la conocida como ley Duplomb, que autoriza el regreso de la acetamiprida, un insecticida de la familia de los neonicotinoides. La norma, impulsada por el senador conservador Laurent Duplomb, fue adoptada el pasado 8 de julio, aunque todavía no ha entrado en vigor. La respuesta ciudadana ha sido inmediata y masiva.
Eléonore Pattery, una joven estudiante de 23 años, lanzó solo dos días después una petición en línea pidiendo la derogación de la ley, calificándola de «aberración científica, ética, medioambiental y sanitaria». La propuesta fue rápidamente respaldada por organizaciones ecologistas, diputados de izquierda y miles de ciudadanos que, preocupados por los efectos del pesticida en polinizadores como las abejas, no tardaron en sumarse a la causa.
Un aluvión de firmas y presión parlamentaria
En apenas dos semanas, la petición superó el umbral de 1,5 millones de firmas en la web de la Asamblea Nacional, multiplicando por tres el mínimo exigido para que se abra un debate parlamentario. Aunque este debate no podrá revertir directamente la ley, sí supone un golpe simbólico y político a su legitimidad.
La presidenta de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet, se mostró favorable a celebrarlo a partir de septiembre, al igual que el propio promotor del texto. «Se hará ese debate en la Asamblea Nacional, pero en ningún caso se desmontará la ley», advirtió Duplomb en la radio RMC, denunciando una campaña de «diabolización».
También la líder del partido ultraderechista Agrupación Nacional, Marine Le Pen, que votó a favor de la ley, defendió la necesidad del debate: «Solo un debate democrático puede restablecer la confianza frente a las mentiras que rodean esta petición».
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Un regreso polémico y lleno de riesgos
El mayor punto de fricción reside en que la acetamiprida pertenece a los neonicotinoides, prohibidos en Francia desde 2018 por su toxicidad para los insectos polinizadores. Su reintroducción a título derogatorio, sin límite temporal concreto, ha alarmado a científicos, apicultores y organismos de gestión del agua.
Los agricultores, por su parte, defienden la medida como necesaria. La FNSEA y la Coordinación Rural, dos grandes sindicatos del sector, consideran que es la única forma de proteger cultivos como la remolacha azucarera frente a una posible competencia desleal con productos importados que sí utilizan estos plaguicidas.
El texto aprobado incluye una cláusula de revisión a los tres años, renovable anualmente, pero el malestar crece. Los socialistas ya han anunciado que presentarán un nuevo proyecto para derogar lo que consideran «graves retrocesos» en materia ambiental.
Macron, ante una decisión clave
El futuro de la ley queda ahora en manos del Consejo Constitucional, que tiene de plazo hasta el 10 de agosto para pronunciarse. Una vez lo haga, el presidente Emmanuel Macron deberá decidir si promulga la ley o solicita una nueva deliberación.
La asociación Generaciones Futuras ha instado directamente al jefe del Estado a que no firme la promulgación, alegando que la norma va contra los principios de precaución y sostenibilidad. Mientras tanto, la sociedad francesa mantiene la presión, en un pulso inédito entre instituciones, ciencia y ciudadanía.
