El Congreso de los Diputados ha debatido este martes 7 de febrero una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular (GPP) en 2020 y ahora rescatada para volver a permitir la caza y la pesca en los Parques Nacionales. Sin embargo, los grupos parlamentarios en el Congreso la han rechazado.
El PP defendió en el hemiciclo la propuesta con la que aspiraba a modificar la Ley 30/2014 de Parques Nacionales, norma que impulsó su propio partido cuando estaba en el Gobierno, como recalcaron otras formaciones y que además tildaron la medida de «desactualizada» y «poco trabajada».
El diputado popular César Sánchez Pérez afirmó en favor de su propuesta legislativa que se trata de una respuesta al problema de la «España que se vacía por falta de oportunidades» y por el «abandono» que ha atribuido a la gestión del Gobierno y de las autoridades públicas responsables de los parques nacionales, así como la prohibición del aprovechamiento cinegético en las fincas situadas en esos espacios.
La proposición de ley, que el PP presentó anteriormente en diciembre de 2020, buscaba recuperar un periodo que la norma de Parques Nacionales de 2014 fijaba para que los propietarios de los cotos de caza en estos entornos llegaran a acuerdos con los que poder continuar cazando y pescando.
La prohibición de la caza en Parques Nacionales cuesta 320 millones de euros a los españoles (solo en indemnizaciones)
La Plataforma de Afectados por Parques Nacionales publicaba una nota de prensa a finales de 2022 en la que lamentaba que una decisión meramente política como es la prohibición de la caza en los Parques Nacionales esté suponiendo ya un enorme gasto público que se destinará a compensar las pérdidas provocadas por la eliminación de una actividad que generaba riqueza y empleo.
Los afectados por la polémica prohibición respondía así a una noticia publicada por Jara y Sedal dos días antes en la que dimos a conocer que el Organismo Autónomo de Parques Nacionales iba a destinar 16 millones de euros a compensar a dos municipios -Oseja de Sajambre y el Real Concejo de Valdeón- por la pérdida de los ingresos derivados de los aprovechamientos cinegéticos por los terrenos que tienen estos entes locales leoneses en la Reserva Regional de Caza de Riaño, en Picos de Europa.
Según la plataforma de afectados, este solo era «un paso más de un proceso que llevará al Estado a destinar en torno a 320 millones de euros a los propietarios públicos y privados de terrenos cinegéticos afectados, a los que tendrá que compensar según lo establecido por la propia ley de Parques Nacionales».
