El uso imprudente de las redes sociales ha vuelto a delatar a quienes presumen de actividades ilegales. En los últimos años, diferentes cuerpos policiales —desde la Guardia Civil hasta agencias de Estados Unidos o Reino Unido— han logrado identificar a nueve individuos que abatieron animales de forma irregular y después lo difundieron en internet.
Las imágenes, compartidas sin demasiada reflexión, se convirtieron en la principal vía para reconstruir los hechos. En varios casos, fueron otros usuarios quienes alertaron a las autoridades al sospechar que había infracciones detrás de aquellas fotos. La combinación de rastreo digital e investigación sobre el terreno permitió cerrar expedientes que, de otro modo, habrían quedado sin resolver.
Los episodios se repiten con un patrón similar: capturas fuera de temporada, animales sin precinto, supresión de límites de cupo o ausencia total de permisos. Lo que cambia es el escenario, desde Nueva York a Castilla-La Mancha, pasando por Florida o el estado de Oregón.
Excesos grabados y compartidos
Uno de los casos más llamativos ocurrió en Nueva York, donde dos hombres dispararon 22 conejos durante la Nochebuena de 2016. La fotografía en Facebook llamó la atención porque en aquella región el cupo diario es de seis. Cuando varios internautas vieron la imagen, avisaron a los agentes, que confirmaron la infracción pese a que los implicados alegaron desconocer la normativa.
La imprudencia en redes también fue decisiva en Ávila. Un hombre publicó su imagen junto a un corzo recién abatido sin precinto, lo que puso en marcha una investigación de la Guardia Civil. Tras revisar el lugar donde se tomó la foto, los agentes descubrieron que había suplantado el cargo de presidente del coto y falsificado firmas y sellos municipales para justificar permisos inexistentes.
En Washington, el caso de Cody Young se resolvió gracias a la fecha de sus fotos. El hombre publicó en septiembre de 2016 imágenes de un puma abatido con arco, pero las pesquisas revelaron que lo había hecho antes de solicitar el permiso. Mensajes de texto hallados en su teléfono confirmaron la hora exacta del lance. Acabó declarado culpable y se enfrentó a penas de cárcel.
Investigaciones basadas en otras publicaciones
Algo parecido sucedió en Reino Unido. Mian Zeshan Shahid presumió en un grupo de Facebook de haber abatido un corzo en 2015. Algunos usuarios dudaron de la legalidad y avisaron a la Policía. Las pesquisas confirmaron que el animal había sido abatido en su propia casa. La sentencia fijó siete meses de prisión, aunque no llegó a ingresar al haber pasado dos años desde los hechos.
En Oregón, David Maxfield Jr. compartió sus fotografías con un alce en un grupo de cazadores sin saber que un agente estatal seguía aquella página. Tras comprobar su nombre en la base de datos, el policía verificó que no tenía precinto. Maxfield confesó y terminó pagando 7.600 dólares en multas, además de perder la licencia durante tres años junto a su acompañante, también implicado.
Otro episodio afecta a un organizador de cacerías en Castilla-La Mancha. Publicó cinco fotos con un corzo abatido tres días antes de abrirse la temporada y usando un rifle con silenciador, accesorio prohibido en España. Las imágenes fueron suficientes para que el Seprona determinara la ilegalidad del lance.
Del campo a la granja… y a las redes
El rastro digital también destapó un caso en Florida que, por las circunstancias, tuvo especial repercusión. Aaron Griffis y Taylor Wise entraron dos veces en una granja de ciervos en 2016, grabaron un vídeo y lo compartieron en Snapchat y Facebook. Como los animales eran considerados ganado, además del disparo nocturno en propiedad privada se les imputó un delito grave por robo. Wise, además, fue condenado por poner en peligro a su hijo, al que llevó a la granja durante uno de los asaltos.
En Texas, dos pescadores publicaron su captura sin reparar en que habían superado ampliamente el cupo permitido. Una investigación posterior reveló que uno de ellos ni siquiera tenía licencia.
Algo similar ocurrió en Luisiana, donde Jacob W. Jones difundió en 2015 imágenes de un ciervo abatido irregularmente. Avisadas las autoridades, comprobaron que no había sido precintado y que el responsable carecía de licencia.
Las redes sociales, usadas como escaparate, acabaron siendo esenciales para documentar estas infracciones y activar procesos sancionadores. En muchos de los casos, fueron otros ciudadanos quienes, al ver señales evidentes de irregularidad, decidieron dar aviso.
