Un vecino palentino ha sido multado con 23.000 euros por abatir ilegalmente cinco corzos en la comarca del Arlanza, Burgos. El incidente, que tuvo lugar el 30 de mayo de 2023, salió a la luz cuando una patrulla de la Guardia Civil sospechó de un vehículo que intentaba huir al notar la presencia de las autoridades.
Los agentes detuvieron el coche e identificaron a tres personas notablemente nerviosas. Un registro reveló varias bolsas de plástico que contenían las cabezas de cinco corzos macho, recientemente abatidos y sin los precintos reglamentarios. Además, los agentes descubrieron entre sus pertenencias diferentes dispositivos de visión térmica cuyo uso está prohibido en Castilla y León.
Multa de 3.000 euros, indemnización de 20.000 y suspensión de la licencia por un año
La investigación condujo a la identificación del principal infractor, a quien se le confiscó un rifle con visor, munición calibre 6’5 Creedmoor, y otros equipos relacionados con la práctica del furtivismo.
Según recoge hoy Cadena Ser, el pasado 13 de abril la Junta de Castilla y León en Burgos concluyó el proceso sancionador, imponiendo una multa de 3.000 euros, una indemnización de 20.000 euros y la suspensión para poder obtener la licencia de caza por un año para el principal implicado.
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Candidato a celador de Medio Ambiente
Tras las averiguaciones realizadas por parte de Ecologistas en Acción y tal y como ha informado el citado medio, «se ha podido conocer que el ahora denunciado es una persona que se encuentra en la bolsa de trabajo para ejercer la función pública en la Junta de Castilla y León, como Celador de Medio Ambiente».
Por todo ello desde la entidad ecologista han asegurado que este hecho «se pondrá en conocimiento de los Servicios competentes de la Junta para que se tomen las medidas pertinentes y evitar que una persona sancionada por actos de furtivismo pueda formar parte del personal encargado de proteger la vida silvestre».
Este caso ha suscitado un debate sobre la idoneidad y la integridad de los candidatos a puestos de responsabilidad ambiental. Mientras la comunidad ecologista espera las acciones de la Junta, el caso sirve como un recordatorio de la constante lucha contra el furtivismo que realizan los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la importancia de la vigilancia en la protección del medio ambiente.
