Han pasado ya tres años desde que el Congreso aprobara la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, pero algunas de sus medidas más polémicas siguen siendo grandes desconocidas para buena parte de la sociedad. Entre ellas, una que afecta directamente a miles de propietarios: tener al perro o el gato en el patio de forma habitual puede salir muy caro.
La norma, que generó un rechazo masivo en el mundo rural desde su gestación, establece una serie de prohibiciones muy concretas en relación con los animales de compañía. Sin embargo, el hecho de que el reglamento que debe desarrollarla aún esté en proceso ha contribuido a que muchos ciudadanos hayan bajado la guardia.
Antes de que la ley entrara en vigor, ya se alertaba del alcance de su articulado. En concreto, del artículo 27, donde se recoge de forma expresa que está prohibido «mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos».
Una infracción que puede ser grave
El matiz clave está en el concepto de que el animal se encuentre en una terraza, patio o balcón «de forma habitual». La ley no prohíbe que un animal esté en el patio en momentos puntuales, pero sí que su vida transcurra de manera permanente en ese espacio, independientemente de sus dimensiones o condiciones.
Según el régimen sancionador contemplado en la propia norma, este comportamiento puede ser considerado una infracción grave, lo que implica multas que van desde los 10.001 hasta los 50.000 euros. Se trata de un rango sancionador elevado que ha sido duramente criticado por diferentes sectores, que consideran que no tiene en cuenta la realidad de muchas viviendas en España, especialmente en entornos rurales donde es habitual que los perros dispongan de amplios patios o fincas.
Una ley en vigor… pero sin desarrollar
Aunque la ley fue aprobada en marzo de 2023 y está en vigor, su desarrollo reglamentario sigue siendo una incógnita. De hecho, el propio Ministerio ha protagonizado episodios recientes de falta de transparencia, anunciando consultas públicas de decretos que después no han llegado a publicarse.
Este retraso ha generado una sensación de indefinición normativa, pero no implica que las obligaciones desaparezcan. Las sanciones están recogidas en la ley y pueden aplicarse, independientemente de que falten detalles técnicos por concretar. En este contexto, algunos dueños de perros o gatos han vuelto a inquietarse por esta cuestión en redes sociales, poniendo el foco en una realidad que otros propietarios parecen haber olvidado: tener a su perro en el patio de forma habitual podría acarrear consecuencias económicas muy serias.
A pesar de todo ello, hemos de apuntar que la norma no afecta a los perros de caza, ya que finalmente quedaron fuera de su ámbito de aplicación así como otros que tienen actividades específicas.
