El caso, que se arrastra desde 2018, ha terminado con una sanción económica y una obligación de restauración que vuelve a poner el foco sobre la gestión del territorio en zonas de alto valor ecológico. La roturación se ejecutó antes de que existiera resolución administrativa firme, en un espacio considerado estratégico para la conservación de aves esteparias.
La intervención se produjo en el término municipal de Cevico de la Torre, dentro del IBA ‘Páramo de la Castañeda’, uno de los pocos refugios que conserva la alondra ricotí, una especie en situación muy delicada en Europa. Aunque el agricultor había iniciado el trámite para cambiar el uso del suelo y había abonado la tasa correspondiente, decidió comenzar los trabajos sin esperar el permiso definitivo.
Ese adelanto, que en un primer momento pudo parecer una cuestión burocrática, acabó convirtiéndose en el núcleo del expediente. La Junta de Castilla y León confirmó la infracción y añadió dos medidas de peso: la paralización de cualquier actividad agrícola en la zona afectada y la restauración ambiental obligatoria del terreno.
Un procedimiento en marcha
El origen del conflicto está en una parcela que, según la documentación histórica, había sido cultivada por última vez en 1984. Con la concentración parcelaria, ese suelo pasó a clasificarse como secano, y sobre esa base se solicitó el cambio de uso para volver a roturarlo. El procedimiento administrativo estaba en marcha, pero no concluido.
La roturación afectó a unas 30 hectáreas de vegetación esteparia prácticamente intacta. Los informes de agentes medioambientales y del SEPRONA ya alertaron entonces de que la actuación comprometía un enclave especialmente sensible por su valor para varias especies ligadas a estos paisajes abiertos.
Para los técnicos, el impacto fue claro y quedó documentado. La alondra ricotí (Chersophilus duponti), que necesita grandes superficies llanas con vegetación baja para reproducirse, fue una de las principales perjudicadas. También se vieron afectadas otras aves esteparias presentes en el área, como sisones, calandrias y alcaravanes, varias de ellas con distintos grados de amenaza.
La denuncia ecologista y el debate en el mundo rural
El procedimiento sancionador se activó a raíz de una denuncia de un particular ante el SEPRONA. Después llegaron los informes ambientales y la denuncia formal de Ecologistas en Acción, que empujó el expediente hasta su resolución definitiva. En mayo de 2021, el Delegado Territorial dictó la sanción: 10.001 euros de multa y obligación de restaurar el entorno.
La sentencia posterior dio la razón a Ecologistas en Acción y consolidó la posición de la Junta. El fallo no solo confirma la infracción administrativa, también refuerza la idea de que actuar sin autorización en espacios protegidos tiene consecuencias incluso cuando existe un trámite iniciado.
El caso ha generado un debate evidente entre agricultores y vecinos de la zona. En el ámbito rural se percibe con preocupación que actuaciones de este tipo se castiguen con contundencia, mientras otros proyectos de gran escala en áreas sensibles salen adelante con más facilidad. El ejemplo que más se repite es el del macroparque fotovoltaico de Almargen, en Málaga, autorizado en un entorno donde sobrevive el sisón común (Tetrax tetrax).
Organizaciones como la Federación Andaluza de Caza y Fundación Artemisan presentaron alegaciones al considerar que esa instalación comprometía un enclave clave para la especie y una iniciativa de recuperación de la perdiz roja. La comparación ha alimentado una discusión incómoda, pero muy real, sobre cómo se aplican los criterios de conservación según el tipo de proyecto y quién lo promueve.
