El expediente que ha terminado costándole 10.000 euros se remonta a 2018, cuando este agricultor ejecutó la roturación de unas 30 hectáreas en el término de Cevico de la Torre sin esperar la resolución administrativa que debía autorizar el cambio de uso. El área forma parte del IBA «Páramo de la Castañeda», uno de los escasos refugios que conserva la alondra ricotí, una de las aves más amenazadas del continente.
La sanción se conoció tras la sentencia que dio la razón a Ecologistas en Acción, impulsores de la denuncia. La Junta de Castilla y León confirmó la infracción y añadió la obligación de restaurar el entorno y paralizar cualquier actividad agrícola, un punto especialmente delicado para los vecinos que cultivan en la zona.
Antes de que el caso saltara a los tribunales, la roturación ya había sido objeto de informes de agentes medioambientales y del SEPRONA. Aquella intervención, aparentemente administrativa, encendió las alarmas entre los técnicos por afectar a un enclave de vegetación esteparia casi intacta, fundamental para un conjunto de aves cada vez más reducido.
Un error que desató el conflicto
El terreno había sido cultivado por última vez en 1984, pero en la concentración parcelaria pasó a clasificarse como secano. Con esa referencia, el agricultor solicitó el cambio de uso y abonó la tasa correspondiente para roturar. El problema surgió cuando inició los trabajos sin esperar la autorización definitiva. Ese paso adelantado, que él consideraba un simple trámite, terminó convirtiéndose en el eje de la sanción.
La afección alcanzó de lleno el hábitat de la alondra ricotí (Chersophilus duponti), dependiente de zonas amplias, llanas y con vegetación baja para su reproducción. También resultaron perjudicadas otras especies esteparias presentes en el enclave, como sisones, calandrias o alcaravanes, varias de ellas catalogadas en distinto grado de amenaza. Para los técnicos, el impacto fue evidente y documentado.
La denuncia ecologista y las dudas en otros proyectos
El procedimiento arrancó con una denuncia de un particular ante el SEPRONA. A ella se sumaron informes medioambientales y la denuncia formal de Ecologistas en Acción, que acabó impulsando el expediente sancionador. En mayo de 2021, el Delegado Territorial resolvió: 10.001 euros de multa y restauración ambiental obligatoria.
El contraste ha generado debate en el mundo rural, que observa cómo la contundencia aplicada a esta roturación no siempre aparece en proyectos de mayor escala. El ejemplo más citado es el macroparque fotovoltaico de Almargen, en Málaga, autorizado en un área donde sobrevive el sisón común (Tetrax tetrax). Organizaciones como la Federación Andaluza de Caza y Fundación Artemisan presentaron alegaciones al considerar que la instalación comprometería un enclave clave para la especie y una iniciativa de recuperación de la perdiz roja.
