El hallazgo se produjo tras seis meses de investigación, iniciada a raíz de un anónimo recibido a finales de 2024. En aquel mensaje se alertaba de la existencia de una práctica de furtivismo en la comarca pirenaica y se adjuntaban imágenes de cabezas de cérvidos amontonadas en un recinto que, en un primer momento, no pudo ser localizado.
Los agentes rurales trasladaron el aviso al Juzgado de Instrucción número 1 de Tremp, que abrió diligencias y encomendó a la División de Medio Ambiente de los Mossos el seguimiento de los sospechosos. Con diferentes métodos de vigilancia y un minucioso trabajo de campo, los investigadores lograron ubicar el lugar exacto donde se encontraba esta guarida.
Un cobertizo convertido en almacén de trofeos
El operativo culminó el pasado 24 de febrero. Los agentes accedieron a un viejo cobertizo en la población de Llagunes que, en apariencia, servía como espacio para guardar herramientas de campo. Sin embargo, al mover una cementera colocada contra la pared descubrieron un acceso oculto que conducía a una estancia interior.
Allí apareció la macabra colección: 13 cabezas de ciervo, 34 de corzo y 5 de rebeco, todas ellas procedentes de capturas realizadas en la zona de caza controlada de Sort, Soriguera, Rialp y Tornafort. Además, los agentes intervinieron seis rifles y cinco visores de alta gama, presuntamente utilizados en las batidas clandestinas.
Los presuntos responsables, quedaron investigados por un delito contra la fauna. Únicamente uno de ellos pudo justificar el abatimiento legal de un corzo; el resto de piezas carecían de cualquier autorización del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de Lleida.
La lucha contra el furtivismo en Cataluña
Este procedimiento marca un precedente en la comunidad. Aunque no es la primera vez que se detectan infractores, sí se trata de la primera investigación judicializada en la que se logra identificar a los responsables de una actividad ilícita que, según los expertos, pone en grave riesgo el equilibrio de la fauna y la flora del territorio.
Solo en 2023, los agentes rurales tramitaron 195 denuncias relacionadas con el furtivismo en Cataluña. En la mayoría de casos, los infractores fueron sorprendidos in fraganti. La diferencia de este caso radica en la complejidad del operativo, con seguimientos, declaraciones de testigos y análisis documentales para acreditar la procedencia de las piezas.
Zonas de caza controlada bajo presión
Las cornamentas incautadas procedían de animales abatidos en áreas declaradas como zonas de caza controlada, espacios de alto valor natural donde la actividad cinegética debe regularse para garantizar el equilibrio de los recursos y la conservación de las especies. Actualmente existen en Cataluña 20 zonas de este tipo, que suman más de 118.000 hectáreas.
Cada pieza abatida legalmente en estos terrenos debe pasar por un proceso de control: desde el traslado a un espacio de manipulación de carne de caza autorizado por la Conselleria de Salut hasta la verificación veterinaria de su aptitud para el consumo humano. La ausencia de esta trazabilidad refuerza la sospecha de que las capturas se realizaban al margen de la ley.
El Código Penal, en su artículo 335.2, considera delito de furtivismo abatir especies cinegéticas en terrenos públicos o privados sometidos a régimen especial sin el permiso del titular. El Tribunal Supremo ha reiterado, además, que incluso el simple acto de acecho ya encaja en esta tipificación, sin necesidad de que el animal sea abatido.
Penas que generan debate
Las sanciones para quienes incurren en estas prácticas van desde multas de cuatro a ocho meses hasta dos años de prisión si se acreditan daños al patrimonio cinegético. Sin embargo, distintos colectivos han señalado la necesidad de endurecer las penas para que actúen realmente como elemento disuasorio frente a quienes se lucran con la muerte ilegal de animales salvajes.
El hallazgo de los Mossos d’Esquadra en el Pallars Sobirà ha causado gran impacto entre la sociedad de la zona. El operativo permitió localizar este cobertizo camuflado que de no ser por la colaboración ciudadana difícilmente podría haber llegado a buen término. La investigación destapa no solo la magnitud del delito contra la fauna, sino también la necesidad de reforzar la vigilancia en áreas de especial valor natural.
