Tal y como adelantamos en primicia el lunes 11 de agosto, el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, ha ordenado vaciar totalmente el embalse de Alcollarín (Cáceres) —que en mayo almacenaba 50.000 millones de litros de agua— para intentar erradicar al pez invasor Pseudorasbora parva. Según relatan vecinos y el histórico dirigente socialista y exdirector de Medio Ambiente en Extremadura Paco Castañares, la maniobra se ejecutó «de forma precipitada» y fracasó en su propio objetivo: «El vaciado se ha hecho tan mal que lo único que han conseguido es liberar a cientos de miles de ejemplares hacia aguas abajo, agravando el problema en lugar de resolverlo».
El balance, hoy, es un pantano seco sembrado de peces muertos —invasores y autóctonos— en descomposición; malos olores que; la desaparición abrupta de aves acuáticas; y la desaparición de la pesca recreativa y del turismo ornitológico que sostenían parte de la economía local. Pero esta chapuza no solo ha salido cara en términos medioambientales. También en lo económico.
El contrato de la obra, en el BOE
El MITECO sacó a concurso el año pasado su plan de vaciar el pantano de Alcollarín —enmarcado como «actuaciones para el control de la especie invasora Pseudorasbora parva (Pseudorasbora parva)»— y lo adjudicó por 953.313,01 euros (IVA incluido) a una empresa madrileña. La adjudicación se acordó el 7 de junio de 2024 con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la formalización quedó plasmada semanas después en el BOE.
El anuncio en el Boletín Oficial del Estado subraya además la responsabilidad política de la operación: la resolución lleva la firma del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán Fernández, fechada en Madrid el 25 de junio de 2024. En suma, el Ministerio diseñó, licitó y adjudicó una intervención que —tal y como hemos documentado— terminó en el vaciado del embalse y en un grave daño ecológico, con el respaldo administrativo y la rúbrica del número dos del departamento.

Tal y como se puede ver en la plataforma de contratación del Estado, el contrato advertía: «la presencia de una especie invasora de las características del Pseudorasbora en el río Alcollarín debe ser tenida en cuenta durante la explotación de la presa ubicada en el mismo, ya que, aunque la especie se encuentra también aguas abajo, se debe evitar una liberación masiva de individuos que propicien la dispersión de la especie». Y seguía insistiendo: «Se deberá tener especial cuidado con la especie Pseudorasbora parva, presente en el embalse de Alcollarín, para evitar su propagación y cumplir con la legislación vigente. Se vigilará y aplicará aquellas medidas que impidan su dispersión y que favorezcan su erradicación».
Para el MITECO: «El paso de la especie al canal de Orellana contribuiría al aumento de la propagación de la especie por la cuenca media del Guadiana. El objetivo de la actuación es la prevención de la dispersión de la especie invasora Pseudorasbora parva como consecuencia de la explotación del embalse de Alcollarín y la disminución de las poblaciones de esta especie presentes en el mismo, mediante artes pasivas y activas de pesca e instalación de barreras que limiten el paso de la especie aguas abajo del muro de presa».
Algo que, como se puede ver en este vídeo grabado por un testigo, no se habría cumplido.
De una operación de «control» a un problema multiplicado
Tras la publicación de la noticia por parte de Cazaflix y Jara y Sedal, no han hecho sino aflorar nuevos testimonios de vecinos y pescadores que describen un operativo desbordado: el dispositivo preveía redes de captura conforme descendía la lámina de agua, pero en los momentos críticos quedaron inútiles y miles de ejemplares se escaparon cauce abajo por el Alcollarín hasta el Ruecas y el Guadiana, como acreditan las grabaciones difundidas por testigos presenciales.
Los vecinos de Alcollarín y Zorita recuerdan, además, que ya perdieron tierras con la construcción de la presa y ahora asisten a la destrucción del uso social y ambiental que se había consolidado en torno al embalse. Paralelamente, se aviva el debate sobre cómo gestionar las especies exóticas sin causar daños colaterales a la ictiofauna autóctona y se abren interrogantes legales: la Ley de Conservación de la Naturaleza prohíbe métodos masivos y no selectivos para capturar o eliminar fauna silvestre. «No sé si habrá un método más masivo, menos selectivo y más destructivo que este», resumía un vecino en redes, reflejando la indignación creciente.
Por qué preocupa la Pseudorasbora parva
La Pseudorasbora parva —también conocida como pez chino o gobio de boca súpera— es una invasora detectada en Europa desde los años sesenta y hoy extendida por más de 30 países. Depreda huevos y alevines, consume crustáceos planctónicos y puede favorecer procesos de eutrofización; además, se ha asociado al patógeno Sphaerothecum destruens. Por su impacto está en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y en el Reglamento europeo de especies preocupantes para la UE. El problema, como hemos comprobado en Alcollarín, no se resuelve a base de vaciados indiscriminados que arrasan también con especies nativas y hábitats acuáticos.

El MITECO y los grupos ecologistas, callados
Hasta la publicación de esta noticia, el MITECO no ha ofrecido una explicación pública ni ha presentado una evaluación de impacto, un calendario de restitución o medidas correctoras, pese a la magnitud del daño ambiental constatado. También llama la atención el silencio de las principales organizaciones ecologistas subvencionadas ampliamente por el Gobierno, que no se han pronunciado sobre lo ocurrido. Son los mismos colectivos que aplaudieron efusivamente el nombramiento de Hugo Morán como secretario de Estado y que, desde entonces, han marcado la hoja de ruta del departamento en materias relacionadas con el medio ambiente y el mundo rural. Un ejemplo claro lo encontramos en la problemática del lobo, en la que Morán se ha posicionado en contra de las demandas del mundo rural e, incluso, de su propio partido: el PSOE de Asturias. Ese silencio contrasta con la indignación vecinal y el malestar de pescadores y amantes de la naturaleza locales.








