El desconocimiento de la normativa puede salir caro. Así le ha ocurrido a un vecino de la Comunidad de Madrid, que ha tenido que pagar 4.124,80 euros por talar un árbol que él mismo había plantado en su jardín. La historia la ha dado a conocer el profesional Kike Urdiales, especialista en construcción de exteriores, a través de su perfil de TikTok, donde cuenta con más de 120.000 seguidores.
En el vídeo, Urdiales explica que el árbol, plantado por el propio cliente tiempo atrás, se encontraba justo en el lugar donde debía construirse una piscina, lo que obligó a su retirada. Antes de proceder a la tala, el propietario acudió al ayuntamiento para solicitar los permisos correspondientes, obteniendo un documento justificante que detallaba los costes asociados.
Una factura con sorpresa
El profesional madrileño desglosó las cifras que su cliente tuvo que afrontar: 100 euros en tasas municipales, 1.674,89 euros destinados al programa de apadrinamiento de árboles y 2.350 euros más por la tala y el proyecto técnico del arquitecto. En total, una suma que supera los cuatro mil euros.
«Aunque plantes tú, de un hueso de una fruta, un árbol, si pasa de 10 centímetros de diámetro pasa a depender del ayuntamiento», explicó Urdiales en el vídeo, recordando que la ley no distingue el origen del árbol, sino su tamaño y la localización dentro del municipio.
El caso ha suscitado un intenso debate en redes sociales, donde muchos usuarios han mostrado su sorpresa por los elevados costes asociados a la tala en propiedades privadas. Otros, en cambio, han defendido la necesidad de mantener una regulación estricta para proteger el arbolado urbano frente a talas indiscriminadas.
@kike_urdiales Esto ha costado talar un árbol que fue plantado por el propio cliente Que os parece? #jardin #piscina ♬ sonido original – Kike Urdiales
Cambios en la ley del arbolado madrileño
La polémica llegó en pleno proceso de reforma de la Ley 8/2005 de Protección y Fomento del Arbolado Urbano por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La modificación, incluida en una ley ómnibus, reducirá el número de árboles protegidos y permitirá compensar las talas mediante pagos económicos en lugar de nuevas plantaciones.
Entre los cambios más relevantes figura la posibilidad de talar árboles sin justificación previa cuando el tronco tenga menos de diez centímetros de diámetro, así como la consideración de los setos de especies arbóreas como un árbol por cada dos metros lineales. Además, se permitirá la tala en casos donde el árbol suponga un riesgo para la seguridad o cause daños estructurales, siempre que exista un informe técnico que lo avale.
La medida ha generado reacciones encontradas entre asociaciones ecologistas y propietarios particulares, que ven en la nueva norma un intento de flexibilizar los trámites administrativos, aunque temen que ello suponga un retroceso en la protección ambiental de la región.
