El caso se remonta al pasado 1 de noviembre, cuando la Guardia Civil recibió el aviso de una sociedad de cazadores alertando de la muerte ilegal de un macho montés en la comarca de la Canal de Navarrés. Hasta el punto señalado se desplazó una patrulla del Seprona de Navarrés, que confirmó la presencia del animal y abrió una investigación para esclarecer los hechos.

Los agentes localizaron el ejemplar, un macho montés de unos ocho años, y recuperaron el proyectil alojado en su interior para su análisis. En esa primera inspección ya detectaron que no existía ningún permiso válido ni precinto, lo que activó el protocolo para este tipo de delitos contra la fauna silvestre.

A lo largo de la misma mañana, la patrulla realizó una batida por el término municipal en busca de posibles implicados. Durante ese recorrido identificaron a dos hombres acompañados de dos perros y procedieron a revisar su documentación y la de los animales. Esa comprobación destapó un nuevo frente sancionador.

Siete denuncias por irregularidades con los perros

Los agentes formularon siete denuncias administrativas al propietario de los animales por infracciones de la Ley 2/2023 de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales de Compañía en la Comunitat Valenciana. Los perros carecían de microchip y no tenían las vacunas obligatorias, un requisito imprescindible para su tenencia y desplazamiento.

Esa intervención llevó también al registro del vehículo en el que los dos hombres habían llegado a la zona. En su interior, los guardias civiles encontraron un rifle y una caja de munición en la que faltaban dos cartuchos. El dato resultó relevante: el calibre de esos proyectiles coincidía con el del proyectil extraído del macho montés abatido.

Esa coincidencia orientó la investigación hacia uno de los identificados, un hombre de 45 años y nacionalidad española, que finalmente fue investigado por un delito contra la fauna. El Seprona completó las diligencias tras cotejar toda la información disponible.

La causa ya está en manos de la Justicia

El atestado ha sido entregado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Xàtiva y en la Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia, que deberán ahora determinar la responsabilidad penal y las posibles medidas a adoptar. El Seprona mantiene abiertas las comprobaciones complementarias habituales en este tipo de actuaciones.

La investigación permitió reconstruir los hechos y vincular el arma intervenida con el animal muerto, un detalle que resultó decisivo para el avance del caso.

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