El Gobierno andaluz va a revisar las licencias de los cazadores no federados en Andalucía, que son aproximadamente 156.000, como ya se hizo antes de finalizar el año 2021 con los federados, a quienes se les ha reducido las tasas. Así lo ha anunciado este martes el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, quien, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha enmarcado esta iniciativa en la «apuesta por la caza y el mundo rural» del actual Ejecutivo de PP y Ciudadanos (Cs).
Entre otras muchas modificaciones, como la reducción de tasa de rehalas o la eliminación de la tasa de comunicación para monterías, batidas y ganchos, los aproximadamente 100.000 cazadores andaluces federados se beneficiarán de una bonificación del 50%, según recoge Europa Press. A los menores de 18 años también se les aplicará un descuento del 50% de la tasa y si, además son federados, acumulan las dos bonificaciones teniendo un descuento del 100%. Según la Junta, es «una prueba más, sin duda, del apoyo al relevo generacional en el sector cinegético».
En esta misma línea, tendrán también derecho a una bonificación del 50% de la cuota tributaria de la tasa por expedición de licencia básica de pesca continental los menores de 16 años. Y, «para seguir mostrando este compromiso con la caza, la pesca y el mundo rural», el Gobierno andaluz va a revisar las tasas que se aplican a los no federados en Andalucía, un colectivo de aproximadamente 156.000 personas.
Estrategia para el impulso del sector cinegético
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha informado este martes al Consejo de Gobierno de la estrategia para el impulso del sector cinegético puesta en marcha en Andalucía, con el objetivo de «posicionar la caza como un sector clave de crecimiento y de avance en la comunidad como actividad esencial para el mantenimiento del medio rural e instrumento de gestión fundamental para la conservación de especies de fauna y de espacios naturales».
Desde la Junta defienden que el Gobierno andaluz «mostró su compromiso» con este sector firmando en abril de 2019 un protocolo de intenciones para la defensa y el impulso de la caza sostenible en Andalucía, que ha servido como base de trabajo conjunto y que se fundamenta en un «apoyo expreso» a una actividad que «ha permitido el mantenimiento de nuestro medio rural, a través del desarrollo normativo y la simplificación, la homogeneización administrativa y el diálogo permanente con el sector cinegético andaluz».
En la actualidad, la Consejería que dirige Carmen Crespo está «culminando» la revisión del Plan Andaluz de Caza, instrumento de diagnóstico y gestión de la actividad de la caza en la comunidad autónoma, «para adaptarlo a la nueva realidad cinegética andaluza».
En paralelo, se está desarrollando el Reglamento de Caza, aprobado por el Decreto 126/2017, mediante las oportunas órdenes, según ha informado la Junta, que ha detallado que el pasado mes de marzo se aprobó la que regula la práctica de la cetrería en Andalucía, y ya se están tramitando la orden de control de predadores cinegéticos y la que regula la modalidad de caza de perdiz con reclamo sin muerte. Durante este periodo, la montería y la rehala han sido oficialmente declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) de Andalucía, tras su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz por parte de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en agosto de 2020.
Además, durante el estado de alarma se produjeron más de una decena de resoluciones e instrucciones que «permitieron la continuidad en la actividad cinegética, por el interés general y la defensa de las explotaciones ganaderas, agrícolas y la seguridad vial». Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible se ha dado, según la Junta, un «impulso definitivo» para la implementación de la tramitación de licencias ‘on line’, de forma que, si en 2018 se tramitaron 4.000 licencias por esta vía (2%), en 2021 la tramitación digital ascendió a 125.940, el 56% de las 226.279 emitidas.
Desde la Junta defienden que en este proceso de modernización hay que destacar la «fuerte apuesta» por la digitalización. Al respecto, detallan que ya se ha licitado por valor de 1,9 millones de euros el desarrollo de las herramientas tecnológicas para la gestión de los cotos y de la actividad cinegética y piscícola en Andalucía, así como la modernización del Registro de Flora y Fauna Silvestre que se creó con la Ley 8/2003. La adjudicación está prevista durante el primer trimestre de 2022 y se irán alcanzando hitos hasta su culminación en 2024.
«Valor añadido» de la caza
Según los datos de la Junta, en Andalucía hay más de 256.000 cazadores con licencia, de los que más de 100.000 están federados. Es la tercera actividad deportiva con más licencias. Hay más de 7.500 cotos de caza, privados o deportivos y reservas andaluzas de caza, lo que supone el 81% del territorio y casi siete millones de hectáreas.
A nivel laboral, es una actividad que emplea a unas 45.000 personas, de los que más de 12.000 son empleos directos, según destaca la Junta, que considera así que la caza en la región es «un motor económico de las zonas rurales, que evita el éxodo y permite la fijación al territorio de la población, mediante la generación de casi 50.000 jornales directos anuales y un movimiento económico en torno a los 71 millones de beneficios directos».
A través de los servicios asociados indirectos –como hostelería, restauración, viajes, equipamiento o taxidermia–, «genera y moviliza bastantes más recursos, unos 3.500 millones de euros», según pone de relieve la Junta, que sostiene que «la caza es uno de los grandes aportadores al PIB de Andalucía». Además, la oferta de caza tanto pública como privada atrae cada año a los más de 20.000 cazadores de fuera de Andalucía que tienen licencia andaluza de caza, que se suman a los permisos temporales, y que suponen «unos importantes ingresos para la comunidad».
La Junta también destaca que «gran parte» de la riqueza natural que ahora forma parte de la Red de Espacios Protegidos de Andalucía tiene su origen en la conservación de los territorios para la actividad cinegética, como son los casos del Espacio Natural Doñana o el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Y «muchos de los mejores terrenos donde prosperan el lince, el águila imperial y otras especies protegidas son terrenos cinegéticos –y de ganado bravo– que han tienen convenios de colaboración con la Consejería» y que han participado activamente en proyectos como los ‘Life’ del lince y del águila imperial.
La Junta de Andalucía tiene el «compromiso de reivindicar no solo la legalidad de la actividad deportiva y su necesidad por el significado económico y social evitando el despoblamiento rural y generando riqueza local, sino también la necesidad que tiene el propio medio ambiente andaluz, para la conservación de la biodiversidad y de los bosques, el mantenimiento de los hábitats y para restablecer los equilibrios biológicos, de la existencia de una práctica cinegética responsable, racional y sostenible».
