La Dirección General de Derechos de los Animales presentó el pasado jueves su proyecto de Ley de Bienestar Animal. Lo hizo en un acto al que solo ha invitado a las protectoras animales, a pesar de que, de salir adelante, la norma afectaría a sectores mucho más numerosos e importantes a nivel socioeconómico. Tal y como confirmó a Jara y Sedal Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza, la entidad de representación de los cazadores no pudo acudir al encuentro porque no se lo permitieron al no ser una entidad de protección animal.
Sergio García Torres, director del organismo, anunció que el borrador de la norma se hará público en octubre y manifestó que espera que la ley sea aprobada en 2022, para entrar en vigor en 2023. Minutos después, pasó a desgranar uno a uno los puntos que quiere imponer la normativa, un compendio de obligaciones ideado para recortar los derechos y libertades de todos los españoles y, especialmente, los de los cazadores.
Una futura Ley que amenaza al 0,3% del PIB de España
La aportación económica que los cazadores realizan a las arcas públicas españolas era algo desconocido hasta ahora, pero gracias al informe Evaluación del impacto económico y social de la caza en España, que fue elaborado por Deloitte y presentado por la Fundación Artemisan en 2018, pudimos saber que la caza genera en España 6.475 millones de euros y crea 187.000 puestos de trabajo.
Su importancia es tal, que supone el 0,3% del PIB del país. Esa cantidad es equivalente a las ventas netas de vino, al 13% del sector agrícola, ganadero y pesquero, al 4% del sector de la construcción o al 9% del sector financiero. De toda esa gran cantidad de dinero, las haciendas públicas ingresa 614 millones de euros vía retornos fiscales (IS, IRPF, IVA14 y otros impuestos y tasas). El informe de Fundación Artemisan va más allá y desgrana esas cifras: el 33% fueron tasas e impuestos abonados directamente por cazadores, rehaleros y gestores de terrenos cinegéticos (201,4 millones de euros). Los 412 millones de euros restantes llegan a las arcas del Estado en concepto de IS, IRPF e IVA.
Los cazadores son, además, mecenas de la conservación
Los 614 millones de euros que la caza aporta a las arcas públicas anualmente sirven para mantener las diferentes estructuras del estado y financiar aspectos tan fundamentales como la sanidad, la educación o el medio ambiente. Pero al margen de los impuestos, el informe de Deloitte descubre que hay un importante gasto directo que convierte al colectivo de cazadores en el principal mecenas de la conservación de la naturaleza.
Concretamente, cada año invierten casi 300 millones de euros en acciones directas para mejorar el medio y salvaguardar la biodiversidad. Según descubre este estudio, el 36% de los titulares de cotos y el 46% de los organizadores profesionales de caza que gestionan terrenos cinegéticos en España destinan 233 millones de euros a repoblaciones y otras inversiones de conservación medioambiental y 54 millones de euros, al mantenimiento y adecuación de accesos, pantanos, podas, mejora del monte y cortafuegos.
