El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en una reforma legal que, de salir adelante, afectará de lleno al mundo rural y cinegético. La propuesta busca impedir que niños y adolescentes puedan participar o incluso asistir a actividades en las que, según el Gobierno, se ejerza «violencia contra los animales», una definición en la que se incluye expresamente la caza y los espectáculos taurinos.
La iniciativa se articula a través de la ampliación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) y responde, según fuentes del departamento que dirige Sira Rego, a las reiteradas peticiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a España desde 2018. La información ha sido adelantada por Europa Press.
El planteamiento no es nuevo, pero sí supone un paso más al intentar llevarlo al terreno normativo. Durante el último examen de España ante el Comité de los Derechos del Niño, celebrado en Ginebra, varios de sus miembros volvieron a insistir en la necesidad de limitar la exposición de menores a este tipo de actividades.
Desde el Ministerio sostienen que la reforma ya está prácticamente cerrada y pendiente únicamente de aportaciones de otros departamentos para su aprobación en Consejo de Ministros.
La caza, en el centro del debate
En un comentario difundido en redes sociales y recogido por Europa Press, la ministra Sira Rego fue clara al señalar que «niñas, niños y adolescentes no podrán participar ni asistir a eventos donde se ejerza violencia contra los animales, como las corridas de toros». En ese mismo marco, el Ministerio incluye también la caza, una actividad profundamente ligada al medio rural y a la transmisión intergeneracional de valores, conocimientos y tradiciones.
Según defiende Juventud e Infancia, con esta medida España cumpliría «con lo que la ONU viene demandando a España desde el año 2018». Rego aseguró además que la reforma es «imprescindible para avanzar en la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia».
El texto de la exposición de motivos de la norma va más allá y apunta a posibles riesgos físicos y psicológicos. El Ministerio considera que «las actividades en las que esté presente la violencia conllevan riesgos significativos para la vida y la integridad física y psíquica», con especial incidencia en los menores de edad.
Riesgos psicológicos y enfoque ideológico
Uno de los argumentos centrales del departamento de Rego es el impacto emocional de la exposición temprana a estas prácticas. Según recoge el comunicado oficial, «la exposición temprana a la violencia puede desensibilizar a las personas menores de edad frente al sufrimiento ajeno», afectando al desarrollo de la empatía y normalizando la violencia como forma de entretenimiento.
Este enfoque, que equipara la actividad cinegética a otras formas de violencia, choca frontalmente con la visión del sector, que defiende la caza como una herramienta de gestión, conservación y equilibrio del medio natural, además de un pilar social y económico en amplias zonas rurales.
Pese a ello, Juventud e Infancia insiste en que la reforma ya fue presentada hace semanas al resto de ministerios implicados y que solo faltan los últimos ajustes técnicos para su aprobación definitiva.
Una reforma con más cambios
La ampliación de la LOPIVI no se limita a esta cuestión. El texto también contempla reforzar la prevención de las violencias contra la infancia, ampliar los plazos de prescripción de los delitos sexuales y reconocer por primera vez la llamada violencia institucional.
Además, se plantea escuchar obligatoriamente a los menores en procesos judiciales con independencia de su edad y ampliar hasta los 45 años el inicio del cómputo de prescripción de determinados delitos. Medidas de amplio calado que, en el caso de la caza, abren un nuevo frente político y social que promete generar una intensa controversia.
