Las nuevas exigencias para guardar armas en los domicilios particulares han recibido un revés judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado nula de pleno derecho la resolución de la Dirección General de la Guardia Civil de 4 de diciembre de 2024, que regulaba las medidas mínimas de seguridad de los armeros y establecía un volumen mínimo para cada arma custodiada.
Uno de los impulsores del recurso confirmó inicialmente el fallo a Jara y Sedal, que posteriormente ha tenido acceso a la sentencia de 21 de octubre de 2026. El documento confirma que la anulación afecta a toda la resolución, publicada en el BOE el 8 de enero de 2025, y permite conocer los motivos por los que el tribunal ha estimado la impugnación.
La Administración defendió que era una actualización técnica
Durante el procedimiento, el Abogado del Estado solicitó que se mantuviera la resolución. Su argumento era que se trataba de un acto administrativo dirigido a una pluralidad de destinatarios que se limitaba a actualizar las características técnicas de las cajas fuertes y armeros, sin crear normas jurídicas nuevas.
El tribunal rechaza esa interpretación. Considera que la resolución establece obligaciones generales destinadas tanto a quienes actualmente tienen armas en sus domicilios como a quienes puedan encontrarse en esa situación en el futuro. También señala que sus efectos perduran en el tiempo y que modifica el ordenamiento jurídico al convertir las normas técnicas UNE-EN en exigencias obligatorias.
La Sala explica que la actuación habría sido distinta si la Dirección General de la Guardia Civil se hubiera limitado a autorizar u homologar modelos concretos de determinados fabricantes. Sin embargo, la resolución fue más allá: reguló con carácter general la resistencia de los armeros, su capacidad, el uso compartido entre convivientes, la certificación y su vida útil.
Faltaban informes y el trámite de información pública
La sentencia señala que la Dirección General de la Guardia Civil carece de potestad reglamentaria y recuerda que sus funciones en este ámbito se limitan a elaborar propuestas normativas e instrucciones dentro de sus competencias. Esta falta de capacidad para aprobar reglamentos, según recoge el tribunal, era admitida por las partes.
Por su contenido, la resolución debía haberse elaborado siguiendo el procedimiento previsto para las disposiciones generales. El TSJ de Madrid constata que se omitieron documentación e informes preceptivos, además del trámite de información pública. La consecuencia que establece es la nulidad de pleno derecho de la resolución impugnada.
El tribunal considera innecesario examinar los restantes motivos de la demanda una vez apreciado ese defecto. Por tanto, la sentencia no determina si los volúmenes mínimos exigidos eran técnicamente adecuados o desproporcionados, ni da por acreditadas las alegaciones del recurrente sobre supuestas presiones de fabricantes.
El mínimo de 20 litros por arma larga, una de las claves de la polémica
La resolución publicada en el BOE fijaba un volumen mínimo de 4,5 litros por arma corta y 20 litros por arma larga para determinar cuántas armas podían custodiarse en un armero. También exigía acreditar los requisitos de seguridad mediante un certificado de producto emitido por un organismo habilitado y regulaba la posibilidad de compartir armero entre titulares que convivieran en un mismo domicilio.
La controversia tenía consecuencias prácticas para cazadores y tiradores. En enero de 2026, este medio informó del caso de un redactor al que se había denegado el guiado de un rifle recién adquirido porque se consideraba que su armero había alcanzado la capacidad máxima permitida. El espacio de almacenamiento se convertía así en un obstáculo para incorporar otra arma.
La oposición a estas exigencias también había dado lugar a otras iniciativas judiciales. ANARMA anunció en abril de 2025 un recurso contencioso-administrativo contra la misma resolución ante el TSJ de Madrid. Lo que da idea del rechazo del sector en cuanto a esta problemática.
Costas de hasta 1.000 euros y posibilidad de recurso
El fallo declara la nulidad del conjunto de la resolución e impone a la Administración las costas procesales, con un máximo de 1.000 euros por todos los conceptos. La anulación comprende, por tanto, toda la disposición y no únicamente el apartado relativo al volumen mínimo de los armeros.
La sentencia admite recurso de casación, que deberá prepararse ante la propia Sala en el plazo de 30 días desde el día siguiente a su notificación, justificando el interés casacional exigido legalmente. El documento no permite afirmar que el pronunciamiento sea ya firme ni concreta cómo deberán resolverse las denegaciones de guiado producidas durante la aplicación de la resolución.
Queda por conocer la respuesta de la Administración y cómo se trasladará este pronunciamiento a la práctica. Jara y Sedal continuará informando en cuanto disponga de más información sobre sus consecuencias para cazadores, tiradores y demás titulares de armas.
