En marzo de 2022, un hombre fue sorprendido en plena noche con un rifle con silenciador y el rostro cubierto por un pasamontañas en el interior del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, un espacio protegido en el que está prohibido cualquier tipo de actividad cinegética no autorizada. Según sostiene la Fiscalía del Principado de Asturias, el individuo pretendía abatir animales de forma ilegal, por lo que se enfrenta ahora a un juicio en el que el Ministerio Público ha solicitado una pena económica, la retirada del arma y su inhabilitación para cazar durante casi un año.
Aunque no se llegó a constatar que el acusado abatiera ninguna pieza, la gravedad de los hechos reside en su intención, el lugar en el que actuó —una zona declarada de especial protección para el oso pardo— y las circunstancias en las que fue sorprendido, que apuntan a una operación furtiva deliberadamente planificada.
El escenario: una reserva con presencia de oso pardo
Los hechos ocurrieron concretamente en el monte de utilidad pública Tomos, en la parroquia de Nimbra, dentro del concejo de Quirós, y dentro también de la Reserva Regional de Caza de Somiedo. Aunque en dicha reserva puede practicarse la caza de forma regulada, el enclave exacto en el que fue localizado el acusado se encuentra incluido dentro del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, que cuenta con el máximo grado de protección ambiental y es hábitat potencial del oso pardo, una especie en peligro de extinción.
Así lo establece el Decreto 9/2002, de 24 de enero, que cataloga el área como de distribución potencial de esta especie amenazada, lo que convierte cualquier intento de caza en ese lugar en una infracción grave. El acusado, pese a estar en posesión de licencias de armas, no contaba con autorización para actuar en esa zona.
Rifle con silenciador y pasamontañas: indicios de premeditación
Uno de los elementos clave para la Fiscalía es la forma en que el acusado se presentó en el lugar de los hechos: iba completamente cubierto con un pasamontañas y portaba un rifle con silenciador, lo que sugiere un intento deliberado de evitar ser detectado y operar en la clandestinidad. Este detalle no ha pasado inadvertido para el Ministerio Público, que ha decidido aplicar la agravante de «disfraz», algo poco habitual en este tipo de casos.
En palabras del fiscal, los hechos son constitutivos de un delito intentado relativo a la protección de la fauna, y solicita que se imponga al acusado una multa de tres meses y 29 días, con una cuota diaria de 30 euros, lo que asciende a 3.570 euros en total. Además, se interesa la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar durante 11 meses, así como el comiso del arma utilizada en la tentativa.
Una vista oral con fecha ya marcada
El juicio ya tiene fecha: será el próximo 27 de octubre en el Juzgado de lo Penal número tres de Oviedo. Allí se determinará si los indicios presentados por la Fiscalía son suficientes para condenar al acusado que actuó —según el relato del fiscal— al margen de la legalidad y poniendo en peligro el equilibrio de una zona de altísimo valor ecológico.
Este caso reabre el debate sobre el papel de los controles y la vigilancia en los espacios naturales protegidos, especialmente en aquellos donde habita fauna en peligro de extinción y donde los intentos de furtivismo —aunque no lleguen a consumarse— siguen constituyendo un serio riesgo para la biodiversidad.
