Las imágenes de una cría de ciervo alimentada con biberón y recibiendo cuidados en una vivienda de Alosno (Huelva) han despertado una ola de simpatía en redes sociales. El animal, bautizado como ‘Andreita’, fue localizado pocos días después del incendio forestal que ha arrasado cerca de un millar de hectáreas en la comarca del Andévalo. Según ha trascendido, apenas tenía tres o cuatro días de vida cuando fue encontrada sola entre las cenizas por un vecino que colaboraba en las labores de extinción.
La historia tiene todos los ingredientes para emocionar. Un incendio devastador, una cría de ciervo aislada y aparentemente sin posibilidades de sobrevivir y varias personas que deciden intervenir para evitar que muera. Sin embargo, el caso también vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que genera creciente polémica en el mundo rural: ¿Qué ocurre cuando un ciudadano rescata un animal silvestre en una situación de emergencia y lo mantiene temporalmente bajo su cuidado?
En el vídeo difundido en redes sociales puede verse a la gabata siendo alimentada y atendida por los vecinos que la acogieron. Según las informaciones publicadas, el animal permanecerá bajo supervisión hasta favorecer su adaptación al medio natural y poder regresar posteriormente a su hábitat. Sin embargo, lo que para muchos es una historia de solidaridad también abre una incómoda discusión jurídica.
Cuando salvar un animal puede chocar con la ley
La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales —también conocida como ley animalista— fue presentada como una norma destinada a reforzar la protección animal. Sin embargo, algunos de sus preceptos han sido criticados por generar situaciones difíciles de encajar con la realidad de emergencias como incendios, inundaciones o hallazgos fortuitos de fauna silvestre herida.
El punto clave se encuentra en el artículo 32, que establece con carácter general la prohibición de la tenencia, cría y comercio de fauna silvestre en cautividad fuera de los supuestos expresamente admitidos por la normativa. Dicho de otro modo, la ley no ampara sin más que un particular mantenga en su domicilio un animal silvestre, aunque haya sido recogido con la intención de salvarle la vida.
La base legal que podría utilizarse contra ellos estaría en el artículo 32.1 de la Ley 7/2023, que prohíbe la tenencia de fauna silvestre en cautividad fuera de los supuestos admitidos. Si la Administración considerase que llevar el cervatillo a una vivienda y alimentarlo supuso una tenencia irregular, la conducta podría encajar como infracción leve del artículo 73, sancionable con apercibimiento o multa de 500 a 10.000 euros conforme al artículo 76.
No obstante, eso no significa automáticamente que cualquier rescate derive en una sanción. Cada caso depende de sus circunstancias concretas y de la actuación posterior realizada por quienes intervienen. Pero sí plantea una realidad incómoda: un gesto de buena fe podría acabar generando problemas administrativos si no se comunica de forma inmediata a la autoridad competente o si el animal permanece bajo custodia particular más tiempo del estrictamente necesario.
Las excepciones existen, pero son administrativas
La propia ley contempla excepciones, aunque son muy limitadas y están vinculadas a autorizaciones o programas específicos. Entre ellas figuran los zoológicos y centros similares integrados en programas de conservación, los programas de especies amenazadas con participación de las administraciones competentes, las autorizaciones excepcionales por motivos de conservación, seguridad, investigación científica, repoblación, reintroducción o protección de fauna y hábitats, así como otros supuestos que puedan desarrollarse reglamentariamente.
El elemento común de todas estas excepciones es que se trata de decisiones administrativas y técnicas. No son situaciones que queden a la libre interpretación de cualquier ciudadano que encuentre un animal en el campo. Precisamente por eso, desde el punto de vista de la gestión de fauna silvestre, lo correcto suele ser comunicar el hallazgo a los servicios de emergencia, agentes medioambientales, Seprona o centros de recuperación especializados. Estos organismos disponen de medios y conocimientos para valorar el estado del animal y determinar cuál es la actuación más adecuada.
Y es que una cervatilla no debe convertirse en mascota ni criarse en una vivienda. La impronta sobre los humanos, el estrés, los problemas nutricionales o las dificultades para una futura reintroducción son riesgos bien conocidos por los especialistas en recuperación de fauna.
Una ley que vuelve a tropezar con la realidad del campo
Pero la cuestión de fondo en el caso de ‘Andreita’ no es si un ciervo debe acabar en un centro especializado. En eso existe un amplio consenso técnico. El problema surge cuando una norma no diferencia con suficiente claridad entre quien captura, comercia o retiene fauna silvestre por interés propio y quien interviene durante unas horas o unos días para evitar la muerte de un animal encontrado en circunstancias excepcionales.
Ahí es donde muchos profesionales y habitantes del medio rural ven una desconexión entre la ley y la realidad. Porque resulta difícil explicar que una persona que encuentra una cría recién nacida entre las cenizas de un incendio pueda verse obligada a preocuparse antes por las consecuencias administrativas que por la supervivencia inmediata del animal.
@cristinagranadosg8 Muchos animales pierden la vida en incendios forestales, pero en esta ocasión, a esta cervatilla la solidaridad de unos vecinos le ha dado una nueva oportunidad.🦌❤️ Casi muere en el incendio de la semana pasada en Alosno, en donde fue encontrada al poco de nacer. En cuanto esté recuperada favorecerán la adaptación a su habitat y disfrutará de su Andévalo🫶🏽 #Huelva #incendiohuelva #rescateanimales #buenasnoticias ♬ The Promise – Nayan Samuel
El caso de ‘Andreita’ refleja precisamente esa contradicción. Pocos cuestionan la necesidad de que la cervatilla termine en manos de profesionales o regrese al medio natural cuando sea viable. Lo que genera debate es que una actuación humanamente comprensible y socialmente aplaudida pueda entrar en una zona gris jurídica por la forma en que está redactada la normativa.
El campo entiende perfectamente que un animal silvestre no es una mascota. Lo que no entiende es que una emergencia pueda acabar tratándose como una posible infracción si quien interviene no conoce al detalle el laberinto legal. Ahí reside una de las principales críticas a la ley animalista: que una norma diseñada para proteger a los animales puede terminar complicando la situación precisamente de quienes actúan de buena fe para salvarlos en circunstancias extremas.
