Hoy se ha celebrado una reunión institucional convocada por la Junta de Castilla y León para analizar el riesgo de entrada de la Peste Porcina Africana (PPA) en dicha comunidad. A ella han asistido el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones; la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral; y la directora general de Salud Pública. El objetivo del encuentro ha sido definir los protocolos de actuación ante la posible aparición del virus en la comunidad.
Las consejerías han transmitido un mensaje de tranquilidad a la población, recordando que la PPA «no es zoonósica» y que las personas no pueden contagiarse por contacto directo ni por consumir productos derivados del cerdo. La Junta asegura que reforzará la información al sector porcino y veterinario, incrementará la bioseguridad en explotaciones y transportes, y reforzará la detección temprana del virus.
En el encuentro también han decidido que celebrarán reuniones con organizaciones agrarias y representantes del sector para supervisar la evolución de la enfermedad. Aunque no existen casos en Castilla y León, se pide a la ciudadanía que, ante la presencia de un jabalí muerto o enfermo, contacte inmediatamente con el 112 aportando la ubicación exacta. La recomendación es no tocar al animal y permitir que los equipos especializados actúen.
Una de las medidas estrella que han anunciado ha sido que la Junta de Castilla y León intensificará el control de las poblaciones de jabalíes mediante la caza.
La teoría dice una cosa, la práctica otra
Sobre el papel, el discurso institucional es impecable: coordinación, prevención y vigilancia. Pero las decisiones políticas adoptadas por la propia administración van en sentido contrario. Castilla y León continúa siendo la única comunidad cinegéticamente relevante de España que prohíbe de forma absoluta todos los dispositivos de visión térmica y nocturna en su ley de caza, incluso cuando no están acoplados al arma y se usan simplemente para observar el terreno, del mismo modo que se usarían unos prismáticos. Y esto, precisamente, no ayuda al control del jabalí.
La ley autonómica es rotunda: estos aparatos no pueden utilizarse «en acción de cazar». La propia Consejería aclaró que «si el dispositivo se usa en acción de cazar […] estaría contraviniendo la norma», confirmando así que el veto es total. Es decir, la Junta impide utilizar una de las herramientas más eficaces y seguras para localizar jabalíes en aguardos nocturnos o recechos diurnos, exactamente en el momento en el que el propio Gobierno regional insiste en que la población debe reducirse y controlarse cuanto antes.
Pide esfuerzo a los cazadores, pero prohíbe herramientas clave para hacerlo.
Más trabas: precintado obligatorio y declaración de jornadas
A esta contradicción se suma una medida recién salida del horno burocrático de la Junta de Castilla y León: la obligatoriedad de precintar todos los jabalíes abatidos y de declarar las jornadas de caza al salto, incluso cuando la captura se producen de forma inesperada en una jornada de caza menor, algo muy habitual en toda la región. Estas obligaciones, que en el plano administrativo parecen razonables, en el terreno provocan el efecto contrario: disuaden a muchos cazadores de disparar sobre un jabalí por la carga burocrática añadida y el riesgo real de ser sancionados por hacerlo.
En plena amenaza de PPA, cuando la rapidez en la reducción de densidades es fundamental, exigir a un cazador que formalice papeleo adicional por una captura puntual solo añade inseguridad jurídica y resta eficiencia. La colaboración del medio cinegético se consigue facilitando el trabajo, no endureciendo los trámites.
