La Guardia Civil ha puesto el foco sobre El Arca de Noé, una asociación albaceteña que en los últimos años ya había estado en el punto de mira por varios episodios que ya compartimos en Jara y Sedal. Ahora, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) investiga a cinco personas vinculadas a esta entidad por los presuntos delitos de maltrato animal continuado, apropiación indebida y falsedad documental.
Desde la Comandancia de Albacete han confirmado que las pesquisas afectan a cuatro personas que podrían haber incurrido en los tres delitos señalados, mientras que una quinta está siendo investigada por los dos últimos. Todas ellas forman parte de la junta directiva o el entorno más cercano a la protectora, según ha avanzado Radio Albacete.
Interrogatorios y silencio
Fuentes del Instituto Armado han confirmado que los agentes del SEPRONA ya han tomado declaración a varios de los implicados. Las diligencias continúan abiertas y no se descartan nuevas imputaciones. Mientras tanto, desde la asociación reina un silencio absoluto: ni sus responsables ni personas próximas han querido hacer declaraciones sobre un caso que podría destapar una trama de irregularidades mucho más amplia.
El hermetismo contrasta con el papel público que esta entidad ha desempeñado durante años, mostrándose como un referente en la recogida y cuidado de animales abandonados. No obstante, las dudas sobre sus métodos y su gestión llevan tiempo generando polémica, especialmente entre cazadores y propietarios de perros de trabajo, que denuncian trabas sistemáticas para recuperar a sus animales.
Un caso que marcó un precedente
Uno de los casos más llamativos fue el de José Emilio Simarro, quien denunció en 2016 el robo de su galga Mora. Pese a que el animal estaba identificado con microchip, la perra fue acogida por una casa vinculada a El Arca de Noé. La protectora se amparó en la ley de protección de datos para impedirle el contacto con la persona que la tenía.
Simarro sólo pudo recuperar a su galga tras presentarse con la Guardia Civil. El animal había sido esterilizado y reidentificado con otro microchip. Además, tuvo que pagar 85 euros para que se la devolvieran. Por todo ello, interpuso una denuncia por la esterilización ilegal, ya que la protectora no respetó los plazos que marca la legislación vigente.
Redes sociales como campo de batalla
Las redes sociales se han convertido en el principal canal de estas asociaciones para recoger fondos y gestionar adopciones. A través de grupos cerrados de Facebook y ahora de chats de WhatsApp, algunas de estas entidades recogen perros sin seguir los protocolos establecidos y sin notificar a los propietarios, especialmente si son perros de caza.
Estos canales también sirven para mostrar imágenes impactantes y recaudar dinero con historias que, en ocasiones, son inventadas o manipuladas. Varios cazadores denuncian a Jara y Sedal haber encontrado a sus perros en estos circuitos, donde los responsables de las protectoras imponen una férrea censura a cualquier crítica.
