El último Anuario del Ministerio del Interior, en su apartado dedicado a la conservación de la naturaleza, confirma una evolución significativa en las infracciones relacionadas con la actividad cinegética. En 2020 se registraron 5.348 infracciones, mientras que en 2024 la cifra ha descendido hasta 3.541, lo que supone una reducción de 1.807 casos en apenas un lustro.
La tendencia no ha sido puntual, sino progresiva. Año tras año, las cifras han ido cayendo: 5.058 en 2021, 4.312 en 2022 y 3.810 en 2023. Un descenso constante que apunta a un cambio estructural más que a una variación coyuntural. Este comportamiento contrasta con otras tipologías administrativas del ámbito medioambiental, que presentan oscilaciones o incluso repuntes en algunos ejercicios. En el caso de la caza, sin embargo, la línea es claramente descendente.
Un descenso sostenido en todo el periodo
El dato más relevante es que la caída acumulada alcanza aproximadamente el 33,8%, una reducción muy significativa en términos de gestión y control. Este descenso no responde a un único factor, sino que parece vinculado a una combinación de mayor vigilancia, concienciación y profesionalización del sector.
Además, el contexto normativo y la presión social sobre el cumplimiento de la legislación ambiental han ido aumentando en los últimos años. Esto podría haber contribuido a que las infracciones administrativas relacionadas con la caza sean cada vez menos frecuentes. No obstante, el volumen sigue siendo relevante. Las más de 3.500 infracciones registradas en 2024 indican que, aunque la tendencia es positiva, todavía existe margen de mejora en el cumplimiento de la normativa.
Los delitos también muestran una tendencia estable
En paralelo, los datos del ámbito penal reflejan que los delitos relacionados con la caza se mantienen en cifras relativamente contenidas. Según el mismo informe, en 2024 se registraron 263 delitos de caza, frente a los 215 de 2020. Aunque hay fluctuaciones —con picos como los 305 de 2023—, no se aprecia una tendencia tan clara como en las infracciones administrativas.
Este contraste sugiere que, mientras disminuyen los incumplimientos de carácter administrativo, los delitos mantienen una cierta estabilidad, lo que apunta a realidades distintas dentro del mismo ámbito.
En cualquier caso, la lectura global de los datos es clara: las infracciones de caza están bajando en España de forma sostenida. Una evolución que, más allá de las cifras, refleja cambios en el comportamiento y en la gestión de la actividad en el medio natural.
