Durante años, las comunidades autónomas con mayor presencia de lobo han defendido que la especie experimentaba una evolución positiva en España y que los datos científicos respaldaban una gestión más activa de sus poblaciones. Ahora, la aprobación del informe sexenal correspondiente al periodo 2019-2024 supone un importante respaldo a esa postura y abre una nueva etapa en el debate sobre el futuro del cánido y su convivencia con la ganadería extensiva.
La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobó este lunes un documento que permanecía bloqueado desde hace casi un año pese a haber sido elaborado por los técnicos de las comunidades autónomas. El informe concluye que el estado de conservación del lobo en España es «favorable», una valoración que las autonomías loberas consideran clave para justificar futuras medidas de gestión.
La aprobación del documento ha sido recibida con satisfacción en territorios como Castilla y León o Galicia, donde los daños ocasionados por el cánido sobre la ganadería llevan años alimentando el conflicto. Ambas comunidades consideran que el respaldo oficial a estos datos confirma una realidad que vienen defendiendo desde hace tiempo.
Según el informe, en España se contabilizan actualmente 333 manadas de lobo, frente a las 297 registradas en el anterior estudio. Este incremento del 12 % es interpretado por las autonomías afectadas como una evidencia de la buena evolución de la especie desde que dejó de ser cazable al norte del Duero tras su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en septiembre de 2021.
Un informe aprobado con un año de retraso
Sin embargo, uno de los aspectos más criticados por las comunidades autónomas ha sido el retraso acumulado en la tramitación del informe. El documento debía haberse remitido a la Comisión Europea antes del 31 de julio de 2025, tal y como establece la Directiva Hábitats.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino, lamentó que España sea el «único» Estado miembro de la Unión Europea que todavía no había trasladado estos informes sexenales, circunstancia que ha derivado en un procedimiento sancionador.
Desde Galicia, la consejera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, valoró la aprobación del documento como una confirmación de los trabajos realizados por las comunidades autónomas. Según trasladó su departamento, el informe «confirma la tesis siempre defendida por la Xunta de que el estado actual del lobo es favorable y no hay base científica para justificar que tenga un régimen de protección especial».
Las autonomías reclaman ahora que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico remita de forma inmediata el informe a Bruselas para que los datos oficiales españoles sean tenidos en cuenta en las futuras decisiones comunitarias sobre la especie.
La gestión del lobo sigue pendiente de los tribunales
Pese al avance que supone la aprobación del informe, el camino hacia una posible recuperación de los controles poblacionales del lobo está lejos de haber concluido. La principal incertidumbre se encuentra ahora en los tribunales. La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia elevó una cuestión de constitucionalidad sobre la reforma legal que permitió excluir al lobo del LESPRE mediante una enmienda incorporada durante la tramitación parlamentaria de la Ley de Prevención de las Pérdidas y del Desperdicio Alimentario.
Los magistrados gallegos consideran que existen dudas sobre el procedimiento utilizado para introducir ese cambio normativo y apuntan incluso a una posible vulneración del principio de no regresión ambiental reconocido por la jurisprudencia constitucional. Mientras tanto, varios planes autonómicos de control del lobo continúan paralizados cautelarmente, como ocurre en Galicia y Asturias.
Los ataques al ganado mantienen la presión sobre el medio rural
La aprobación del informe también reaviva el debate sobre los daños que el lobo provoca en las explotaciones ganaderas. Castilla y León, la comunidad con mayor presencia de la especie en la Península Ibérica, contabiliza actualmente un mínimo de 193 manadas, un 8 % más que en el censo anterior.
La expansión de la especie ha venido acompañada de un aumento de los ataques al ganado. Según datos de la Junta de Castilla y León, durante 2025 se registraron 4.474 ataques letales, frente a los 3.973 contabilizados un año antes y los 2.694 de 2021, cuando entró en vigor la protección especial del lobo. Las cifras reflejan también un incremento en el número de animales muertos. El pasado año se contabilizaron 6.294 cabezas de ganado que perdieron la vida, además de otras 585 heridas, frente a las 4.314 registradas en 2021.
Ante esta situación, Joaquín Antonio Pino insistió en que «la gestión de la especie debe basarse en la realidad acreditada por el informe sexenal para proteger también a la ganadería extensiva y al medio rural». Las comunidades afectadas sostienen que el crecimiento continuado de las poblaciones de lobo y el aumento de los daños hacen necesario recuperar herramientas de gestión que permitan compatibilizar la conservación de la especie con la actividad ganadera.
