Los alcaldes de Encinedo, José Manuel Moro, y Truchas, Francisco Simón, expusieron ayer al presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, la falta de ingresos por la caza que sufrirán las pedanías de ambos municipios a consecuencia del incendio forestal que se inició en Losadilla el 21 de agosto y se declaró extinguido este lunes.
7/9/2017 | diariodeleon.es
La ley impide el ejercicio de la actividad cinegética en terrenos afectados por el fuego, que, en esta ocasión, abarcó más de 10.000 hectáreas. El problema no sólo afecta a las pedanías, que dejarán de percibir los ingresos correspondientes a los cotos de caza de su propiedad, sino también a la hostelería, ya que la zona es elegida como destino incluso por cazadores de otros países.
«La caza mueve dinero», admitió el regidor de Encinedo. «Si bien la ley establece un periodo de cinco años de suspensión tras un incendio, también contempla excepciones para retomar la actividad antes de este periodo y es posible que pudiera permitirse cazar antes», dijo. La Administración puede reducir el plazo en función de la recuperación de la zona quemada y de las especies que la habitaban.
En declaraciones a este periódico Moro indicó que no sólo se pierde la caza, «sino también el pastoreo», con lo que se ciega otra fuente de ingresos para las juntas vecinales cuyos montes arrasaron las llamas.
La caza suponía una buena fuente de ingresos para Truchillas, indicó el alcalde de Truchas, Francisco Simón, que apuntó que en las localidades de Villarino —en su municipio—, Santa Eulalia y Trabazos —estos dos últimos, en el vecino Encinedo— los ganaderos han tenido que optar por comprar alpacas de paja y pienso para alimentar a las reses, al desaparecer los pastos, con el consiguiente incremento de los costes de producción.
Informes técnicos
En cuanto al encuentro del presidente de la Diputación con los regidores, Juan Martínez Majo anunció el apoyo de la institución provincial en la elaboración de los informes técnicos necesarios para la declaración de ambos términos municipales como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil —lo que comúnmente se denomina zona catastrófica—. Majo indicó que los técnicos deberán reflejar los daños sufridos para acompañar a la solicitud de zona catastrófica.
Añadió que el Palacio de lo Guzmanes «ha estado pendiente del incendio desde el minuto cero, poniendo a disposición de los servicios de extinción los dos camiones motobomba». Destacó la presencia del vicepresidente primero, Francisco Castañón, en las dos reuniones diarias de coordinación que, durante el incendio, se desarrollaron en la Delegación Territorial de la Junta, así como el suministro de agua a los pueblos cuyo abastecimiento quedó interrumpido al contaminarse los depósitos de agua como consecuencia del incendio. Majo señaló que se han repartido 25.000 litros de agua embotellada a la población hasta el momento. Además puso a disposición de los ayuntamientos los servicios y recursos de los Centros de Acción Social (Ceas).
Por otra parte, el presidente provincial manifestó su deseo de que sobre los pirómanos «caiga todo el peso de la ley» por el daño causado y haber arriesgado vidas humanas y destacó que las pesquisas de la Guardia Civil ya apunta «a una o varias personas» como responsables del incendio, según le informó la subdelegada del Gobierno en León, Teresa Mata, en una conversación reciente.
