La Asamblea Nacional francesa rechazó el pasado 20 de noviembre una enmienda presentada por el diputado Pierrick Courbon, del grupo Socialista y Afiliados, que proponía implantar un nuevo impuesto sobre las municiones de plomo. El texto, defendido como una medida ambiental inspirada en el principio de «quien contamina paga», pretendía imponer una tasa por cada kilogramo de plomo usado en cartuchería. Para las organizaciones del campo y los cazadores, la iniciativa suponía un nuevo ejemplo de desconexión política con la realidad del mundo rural.
Durante el debate, la actividad cinegética fue presentada únicamente como un problema, sin aludir al trabajo que realizan miles de cazadores en la conservación del territorio. Las cifras usadas para justificar la tasa se apoyaron en interpretaciones amplias o procedentes de organismos europeos, pero dejaron fuera elementos clave: la transición ya iniciada hacia materiales alternativos, el esfuerzo económico que implica y la función diaria de los cazadores en la gestión de hábitats y el seguimiento de fauna silvestre. El planteamiento terminó alimentando la percepción de que el objetivo de la enmienda no era estrictamente ecológico, sino simbólico y dirigido a un colectivo concreto.
La propuesta fue rechazada con claridad: 138 votos en contra frente a 71 a favor. Entre las intervenciones más destacadas estuvo la del diputado Lionel Tivoli, de Agrupación Nacional, quien recordó que los cazadores son «aliados de la biodiversidad» y no actores a los que castigar. Tivoli puso el foco en el trabajo silencioso de quienes restauran corredores ecológicos, mantienen senderos, recuperan humedales, colaboran en censos de fauna y participan en rescates de animales heridos. Subrayó que penalizar la munición equivaldría a castigar a quienes ya están trabajando de forma voluntaria en el territorio.
No se puede legislar a espaldas del pueblo
El uso del plomo en la munición sigue siendo un tema abierto en Francia y en el ámbito europeo. La transición hacia alternativas está en marcha, pero requiere investigación, apoyo técnico y un marco económico asumible para cazadores y fabricantes. El sector niega cualquier resistencia al cambio siempre que se base en criterios científicos y en la viabilidad de los sustitutos, evitando medidas fiscales que no aportan soluciones reales.
El rechazo parlamentario envía una señal política clara: las políticas de conservación no pueden construirse a espaldas del mundo rural. En Francia, la caza mantiene un papel relevante en la gestión sostenible de la naturaleza y actúa como vínculo entre la población rural y el medio ambiente. Para muchos actores del sector, la votación demuestra que aún existen representantes públicos dispuestos a reconocer esa labor y a defenderla frente a propuestas que consideran injustas o mal planteadas.
