El 16 de octubre, durante los debates sobre el proyecto de ley de finanzas para 2026, la Asamblea Nacional francesa rechazó una enmienda presentada por Sandrine Rousseau y otros 35 diputados ecologistas, socialistas y de La Francia Insumisa. La propuesta buscaba instaurar un nuevo impuesto sobre la venta de municiones que contuvieran plomo con el fin de asestar un nuevo golpe a la caza.
El texto planteaba añadir un nuevo artículo al Código General de Impuestos, creando un «impuesto sobre la venta de munición de caza que contenga concentración de plomo». La tasa se aplicaría a partir del 1 de julio de 2026, con un importe de 1,5 euros por kilogramo de plomo, afectando a todas las ventas de municiones con una concentración igual o superior al 1 %.
Rechazo político y social al nuevo impuesto
El texto fue duramente criticado por sectores rurales y diputados conservadores. La parlamentaria girondina Edwige Díaz calificó la iniciativa como «un nuevo ataque ideológico contra los cazadores y la vida rural» y denunció que «los cazadores ya soportan inversiones elevadas sin necesidad de pagar más impuestos».
En su intervención, Díaz invitó a los ecologistas «a salir de sus centros urbanos y venir a Gironda a conocer a los cazadores locales». Finalmente, la enmienda fue rechazada, aunque sus promotores insisten en que la medida buscaba «luchar contra las principales fuentes de contaminación por plomo» y seguir las recomendaciones de la Comisión Europea para eliminar progresivamente este metal en las municiones.
Afortunadamente, la medida fue finalmente rechazada por la Asamblea Nacional francesa.
La FAC ya ha advertido: sin plomo, la caza se acabará
La Federación Andaluza de Caza (FAC) ha alertado esta misma mañana de que las restricciones al uso del plomo, impulsadas desde Bruselas, podrían poner fin a la actividad cinegética tal y como se conoce hoy. La FAC explicó que la prohibición total del plomo en cartuchos y balas sería «inviable» por la falta de alternativas eficaces y seguras, además de su alto coste.
El sector teme que medidas como la planteada en Francia acaben extendiéndose a otros países europeos, provocando un incremento de precios que haría inasumible la práctica de la caza y afectaría de lleno a la economía rural. En palabras del propio organismo andaluz, en cuanto a tratar de eliminar el plomo en la munición de caza, los cazadores «tenemos muy claro que esta decisión de la Comisión Europea y la postura de cualquier administración que la apoye supone una amenaza tan grave, o más, que los pasados intentos de acabar con la caza mediante una mal llamada Ley de Bienestar Animal».
