Los guardas rurales de caza cumplen una función clave en la vigilancia y protección del medio natural, especialmente en regiones con gran actividad cinegética como Andalucía. Una de sus atribuciones es solicitar la identificación de quienes se encuentren en el campo, y negarse a ello puede tener consecuencias legales. La normativa andaluza es clara al respecto.
Qué dice la ley sobre identificarse
Los guardas rurales se rigen por la ley 5/2014 de Seguridad Privada. En ella destaca el punto b) del artículo 32 en el que se confirma que una de las funciones de un guarda rural es «efectuar controles de identidad, de objetos personales, paquetería, mercancías o vehículos, incluido el interior de éstos, en el acceso o en el interior de inmuebles o propiedades donde presten servicio, sin que, en ningún caso, puedan retener la documentación personal, pero sí impedir el acceso a dichos inmuebles o propiedades. La negativa a exhibir la identificación o a permitir el control de los objetos personales, de paquetería, mercancía o del vehículo facultará para impedir a los particulares el acceso o para ordenarles el abandono del inmueble o propiedad objeto de su protección».
Según ha detallado a Jara y Sedal Víctor Villalobos, responsable Sector Guardas Rurales FTSP-USO Andalucía, en esta comunidad autónoma los guardas rurales de caza tienen además respaldo legal para pedir la identificación a las personas que estén practicando actividades cinegéticas o se encuentren en zonas protegidas. Esta competencia, en concreto, se regula en la Ley 8/2003, de la Flora y la Fauna Silvestres, y en el Decreto 182/2005, que aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza. Además, se verá reforzada por la nueva orden del Artículo 98 relativa a los guardas jurados de caza.
La solicitud de identificación se fundamenta en garantizar la legalidad de la actividad cinegética y la protección del entorno. El documento válido para identificarse puede ser el DNI, pasaporte o cualquier documento oficial que permita comprobar la identidad del individuo.
¿Qué ocurre si me niego?
Negarse a identificarse no es una opción sin consecuencias. Esta actitud puede interpretarse como una obstrucción a la labor del guarda rural y acarrear sanciones administrativas, como multas o incluso la retirada de permisos de caza.
Además, los guardas tienen potestad para denegar el acceso a determinados espacios o restringir la actividad cinegética en caso de negativa. En este contexto, la cooperación con los agentes del entorno natural es fundamental para garantizar el buen funcionamiento del sistema.
¿Qué multa me puede caer?
Negarse a identificarse ante un guarda rural puede tener consecuencias legales importantes. Esta actitud puede considerarse una infracción administrativa, e incluso penal, si el contexto así lo justifica. En casos donde existan sospechas de furtivismo, entrada ilegal en terrenos cinegéticos o daños al medio ambiente, las autoridades pueden aplicar diferentes normativas para sancionar la conducta. La negativa a colaborar entorpece la labor inspectora, lo que puede ser motivo suficiente para abrir un expediente sancionador.
Entre las posibles consecuencias, se contempla una multa que puede oscilar entre los 600 y los 30.000 euros, dependiendo de la legislación autonómica y del grado de la infracción. Además, el caso puede derivar en una denuncia ante la Guardia Civil por desobediencia a la autoridad, amparada en el artículo 556 del Código Penal. También es legalmente viable una retención temporal por parte de los guardes rurales de caza, conforme al artículo 16.2 de la Ley de Seguridad Ciudadana, para proceder a la identificación.
Colaborar es proteger el medio ambiente
Más allá del cumplimiento de la ley, cooperar con los guardas rurales es clave para garantizar la seguridad tanto de las personas como del entorno. En palabras del responsable del Sector de Guardas Rurales de FTSP-USO Andalucía: «La identificación y la cooperación con los Guardas Rurales de Caza pueden ayudar a prevenir delitos como la caza furtiva o la destrucción del medio ambiente».
Por tanto, conocer y respetar la normativa es una forma eficaz de evitar problemas, preservar nuestros espacios naturales y dignificar la actividad cinegética legal frente a quienes actúan fuera del marco de la ley.
